En apenas un mes, los procesos políticos han estrechado el cerco para acorralar a la oposición al presidente de Túnez, Kais Said, que gobierna con sesgo autocrático tras haber sido elegido en dos ocasiones en las urnas, la última el pasado octubre sin rivales de entidad. El macrojuicio que en la mañana de este martes se ha abierto en la capital tunecina, en el que están encausados 40 dirigentes políticos, exaltos cargos e intelectuales bajo la acusación de “conspirar contra la seguridad del Estado”, amenaza con desembocar en imposición de la condena de muerte a algunos de los procesados. Semejante fallo golpeará previsiblemente el último clavo sobre el ataúd de la Primavera Árabe, la ola regional de revueltas prodemocráticas surgida a finales de 2010, precisamente en Túnez, único país donde llegó a fraguar una transición política.

Ocho de los procesados siguen entre rejas dos años después de su detención, por encima del límite legal para prisión preventiva; 14 se encuentran ya en libertad, y otros 12 serán juzgados en rebeldía tras haber huido del país, como es el caso de la exdiputada y activista feminista Bochra Belhaj Hamida. Entre los primeros se encuentra el socialdemócrata Jayam Turki Zaragoza, de 59 años, que cuenta con pasaporte español como hijo de una exilada republicana tras la guerra civil española. Sobre él también pende una eventual sentencia de más de 30 años de prisión e incluso la pena capital, advierten sus abogados desde Túnez. Representantes consulares y diplomáticos asisten a la vista.

El pasado 5 de febrero ya fue juzgado en Túnez el líder islamista Rachid Ganuchi, de 83 años, fundador del partido Ennahda, el más votado (40,7%) en las elecciones legislativas de 2019, las últimas a las que pudo presentarse antes de su prohibición. Ganuchi fue condenado a 22 años de cárcel, además de los 10 años de prisión acumulados en dos juicios anteriores y por los que se halla entre rejas desde 2023. En la misma vista, el ex primer ministro Hichem Mechichi fue sentenciado en rebeldía a 35 años de privación de libertad, al haber salido del país después de que el presidente Said ordenase el cierre del Parlamento en 2021 y comenzase a gobernar por decreto.

“Los jueces han incumplido la ley”

En el controvertido macrojuicio que se ha iniciado este martes ante un tribunal especializado en delitos de terrorismo, los procesados que siguen en prisión no podrán asistir a la vista y han sido forzados a declarar por videoconferencia desde una sala en la cárcel. “Los jueces han incumplido la ley, ya que la declaración en remoto solo se admite en Túnez si el procesado presta su conformidad”, asegura por teléfono uno de los letrados miembro del comité de defensa —que pide no ser identificado por razones de seguridad—, en el que se integran decenas de abogados tunecinos al servicio de los 40 encausados. Los presos han amenazado con boicotear el juicio si no son conducidos ante el tribunal.

Entre las figuras de la oposición juzgadas hay islamistas y laicos, socialistas y conservadores. Entre los procesados figuran el centrista Issam Chebbi, líder del Partido Republicano, y Abdelhamid Yelassi, dirigente de Ennahda, así como Ben Mbarek —profesor de Derecho Constitucional, cuyo liderazgo aglutina a la oposición—, o la periodista y portavoz del frente opositor Chaima Issa. “Nos enfrentamos a un sistema opaco, a un poder que no escucha, que no reacciona y se niega a rendir cuentas. Aun así, mantenemos la esperanza”, ha asegurado Issa, que se encuentra en libertad en Túnez, citada por EFE.

Fuentes jurídicas próximas a la familia Turki no ven razones para el optimismo. “Nos tememos lo peor. Somos realistas. Está todo amañado. Solo un milagro le puede salvar…”, refieren las mismas fuentes, que revelan que el prisionero con pasaporte español “tiene la moral alta y se encuentra con buena salud, pese al absurdo de un proceso de mascarada”. Jayam Turki recibe en prisión una corta visita semanal de sus familiares y ha contado también con algunas visitas de asistencia del Consulado de España.

“Un macrojuicio por conspiración genérica contra el Estado no tiene precedentes en Túnez desde hace más de 50 años, en la época del presidente Habib Burgiba, cuando fueron condenados un centenar de militantes de izquierdas”, recuerda el letrado del comité de defensa consultado. “Muchos de los 40 encausados ahora no se conocían antes del juicio. Algunos son conservadores, otros islamistas, otros de izquierdas… ¿Cómo iban a conspirar? Solo tenían en común el ser adversarios políticos del presidente”, enfatiza la misma fuente.

Cuscús con embajadores y disidentes

Hermana del procesado Jauhar Ben Mbarek, e integrada también en el equipo de defensores, la abogada Dalida Masaddek sostiene que después de haber revisado el sumario solo ha encontrado “el vacío de un caso fabricado, basado en testimonios falsos”, informa Reuters. Los principales cargos se sustentan en la declaración de dos testigos protegidos cuya identidad no puede ser revelada. Los cargos apuntan a que la “conspiración” surgió en una invitación a una comida con cuscús en casa de Jayam Turki, a la que asistió el embajador de España junto con otros diplomáticos occidentales, así como dirigentes políticos e intelectuales tunecinos que mantenían contactos habituales, según ha informado el semanario Jeune Afrique. Uno de los documentos incorporados al sumario, en el que se cuestiona el autoritarismo del presidente Said, a veces en tono sarcástico y se plantean salidas al bloqueo político, es calificado por las defensas como “hoja de ruta para el diálogo nacional”, mientras la acusación le atribuye la función de “plan urdido para la conspiración interna y externa contra la seguridad del Estado”.

”Acusar a alguien de reunirse con el embajador de su país es una acusación absurda”, puntualiza uno de los letrados de la defensa consultados. “Se les ha llegado a acusar de tentativa de cambio de Gobierno por la fuerza, pero en los registros de sus casas solo encontraron material para escribir, no armas…”, agrega. En una carta difundida desde la prisión por Ben Mbarek, el profesor de Derecho advierte de que está en marcha un proceso de “eliminación metódica de las voces críticas” en Túnez.

El pasado 18 de febrero, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó la persecución “mediante acusaciones vagas” de la oposición y llamó a las autoridades tunecinas a respetar el derecho a la libertad de expresión y opinión. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Túnez replicó de inmediato que los juicios en marcha trataban sobre “delitos comunes, sin ninguna relación con la actividad política o mediática”. En el sumario figuran graves acusaciones como “preparación de atentados, adquisición de munición, desvío y blanqueo de fondos u ofensa al jefe del Estado”.

”Las autoridades tunecinas han emprendido una caza de brujas mediante la utilización abusiva del sistema judicial para reprimir el derecho a la libertad de expresión y la disidencia política”, ha advertido Amnistía Internacional tras la ola de arrestos de la oposición desde febrero de 2023. Amnistía Internacional. “La detención arbitraria de presos políticos”, apostilla la ONG defensora de los derechos humanos, “constituye una parodia de la justicia”.