La Junta de Andalucía ha aprobado este lunes un decreto ley de medidas urgentes para favorecer el acceso a la vivienda que contempla, entre otras medidas, la construcción de 20.000 viviendas en los próximos cinco años y la liberalización del suelo. El Gobierno del popular Juan Manuel Moreno ha optado por esta vía legislativa para acelerar algunas iniciativas que se habrían dilatado en el tiempo de esperar a la nueva ley de vivienda que no estaría aprobada hasta 2026.

Andalucía es una de las comunidades donde el acceso a la vivienda es más preocupante, según coinciden varios estudios publicados recientemente. La escasez de oferta tanto en venta como alquiler, unido a unos de los niveles de renta más bajos de España y el encarecimiento de los precios, explican los motivos. De acuerdo con el Barómetro Inmobiliairio de la Unión de Créditos Inmobiliario (UCI), el sector inmobiliario andaluznecesitaría incorporar al mercado más de 50.500 viviendas al añohasta 2027 -el 18% del total de viviendas que precisa el conjunto del país-, una cifra que el último informe de la plataforma inmobiliaria Culmia sobre la situación en esta comunidad eleva a 200.000 para los próximos cinco años, 160.000asequibles y públicas, sumadas a otras39.000que requerirían ayudasde cara a fomentar la incorporación al mercado Build to Sell (construir para vender).

El plan de choque presentado por la Junta se queda lejos de esas cifras y plantea la construcción de 20.000 viviendas protegidas en el siguiente lustro. “La cifra es el resultado de reuniones y del diálogo continuo con el sector”, ha explicado la consejera andaluza de Fomento, Rocío Díaz. Para esta empresa, el Gobierno de Moreno ha destinado una Inversión global de 1.860 millones con la que, además, se prevé dinamizar el empleo con 48.000 puestos de trabajo directos y 20.000 indirectos, según ha indicado la consejera. Además, desde la administración autonómica, se subvencionará con 272 millones de euros las promociones públicas y privadas para construir VPO.

El decreto también permitirá a los ayuntamientos cambiar el uso de solares destinados actualmente a equipamientos turísticos o de oficinas para destinarlos “de manera inmediata” a la construcción de vivienda protegida. Para ello, la disposición dará cobertura legal a los consistorios para que puedan acometer esos cambios de destino del suelo. La Junta, además, creará junto a los ayuntamientos una bolsa de suelo de vivienda protegida, impulsando la colaboración público-privada. “Dotamos a los municipios de herramientas necesarias para que usen el suelo vacante y adaptarlo a las necesidades de su población”, ha insistido la consejera.

Andalucía ha sido una de las comunidades más beligerantes con la ley de vivienda aprobada por el Gobierno central y la primera que interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional que solo declaró inconstitucionales cuatro preceptos, dos de ellos de manera parcial. Entre los afectados se encontraba el artículo 16 que preveía que las viviendas protegidas debían tener, salvo excepciones, carácter permanente. En el caso de las viviendas protegidas que se impulsen a través de este nuevo decreto de la Junta, deberán de pasar 10 años, según la normativa autonómica, para que los propietarios puedan poder sacarla a la venta.

El nuevo decreto también permitirá reducir a la mitad el desarrollo de promociones de este tipo de viviendas a través de la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta, donde acceden distintas iniciativas que cumplan determinados requisitos a cuyos promotores se les ofrece asesoramiento sobre los distintos trámites que deben de seguir ante la administración, reduciendo, además el proceso. En este caso podrán tener cabida proyectos que incluyan la construcción de 250 viviendas de protección oficial o 500 siempre que destinen un determinado porcentaje a las VPO, que previamente deberán haber sido declarados de urgencia por parte de los respectivos ayuntamientos.

Pese a que el presidente Moreno ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de llegar a un pacto de Estado en esta materia, con este plan de choque, la Junta pretende adelantar medidas incluidas en su futura ley de vivienda, hurtando su debate del proceso parlamentario que sí se habría producido de haberse mantenido en la norma general. Díaz ha justificado esta decisión en la “urgencia” que demanda la actual crisis de vivienda y ha explicado que la selección de las iniciativas se ha desarrollado en función de las alegaciones recibidas en el anteproyecto de ley las alegaciones del anteproyecto y de las mesas organizadas con el sector y agentes sociales. “Era necesario y urgente y estábamos de acuerdo de que había que dotar a la administración y los ayuntamientos de herramientas para ampliar el suelo asequible”, ha indicado la consejera.