De acuerdo con los promoventes de la acción legal, la denuncia formal por el accidente ferroviario ocurrido en Oaxaca será presentada el próximo lunes 5 de enero de 2026, a las 11:00 horas, ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México. Las víctimas acudirán acompañadas de su equipo jurídico, con el fin de documentar las presuntas anomalías detectadas antes, durante y después del siniestro, así como para exigir justicia, responsabilidades penales y una reparación integral del daño.
El trágico accidente tuvo lugar a la altura de la comunidad de Nizanda, en el Istmo de Tehuantepec, cuando un tren de pasajeros que transportaba a alrededor de 250 personas, entre usuarios y tripulación, se descarriló al tomar una curva pronunciada, lo que provocó que varios de los vagones cayeran por un talud de varios metros de profundidad.
El siniestro dejó un saldo preliminar de 14 personas fallecidas y más de 100 heridas, de las cuales cinco permanecen en estado grave. Testigos relataron que el tren presentó movimientos inusuales momentos antes del descarrilamiento, lo que será parte de la documentación que los abogados integrarán a la carpeta de investigación.
Tras el accidente, autoridades federales y estatales activaron un operativo de emergencia que incluyó el despliegue de ambulancias terrestres y aéreas, personal de la Secretaría de Marina, elementos de Protección Civil, así como brigadas médicas de los servicios de salud de Oaxaca. El objetivo fue garantizar la atención inmediata a los lesionados y apoyar a los familiares de las víctimas, muchos de los cuales se trasladaron desde diversas comunidades del estado.
Las víctimas y sus representantes legales adelantaron que solicitarán a la FGR investigar posibles fallas en el mantenimiento de la vía férrea, omisiones en los protocolos de operación y cualquier otra responsabilidad que derive en sanciones para funcionarios, operadores o concesionarios involucrados.
Asimismo, insistieron en la necesidad de establecer medidas de reparación integral que incluyan atención médica continua, apoyo psicológico, compensación económica y mecanismos de no repetición, a fin de garantizar que un hecho de esta magnitud no vuelva a ocurrir.