Tres horas antes de que el presidente Gustavo Petro aterrizara en Cali este miércoles para encabezar un consejo de seguridad y hablar ante una concentración de simpatizantes, la ciudad barría esquirlas y recogía vidrios de los tres atentados con explosivos del martes. En el barrio Manuela Beltrán, al oriente, una motobomba estalló frente a un pequeño supermercado. 24 horas más tarde, los vecinos caminan con cuidado entre los vidrios mientras escogen las frutas y verduras. A dos kilómetros de allí, en el sector de El Mango, una patrullera de la policía señala los escombros que quedaron frente al comando, víctima de otra bomba. Y más al sur, en Meléndez —una de las zonas más populares de la ciudad, sede de varios colegios—, la gente ayuda a los uniformados a cerrar las vías que rodean el lugar de la tercera explosión.

Cali, la tercera ciudad de Colombia, fue víctima de tres ataques casi simultáneos que la paralizaron. El martes, el alcalde Alejandro Éder ordenó el cierre de todos los establecimientos comerciales a las 9.00 p. m. y decretó la ley seca desde la misma hora. Aunque no se oficializó un toque de queda, en varios sectores la propia ciudadanía se lo impuso: colegios y universidades suspendieron clases de forma indefinida, varias empresas priorizaron el teletrabajo para este miércoles y algunos centros hospitalarios aplazaron citas médicas. Las calles, que en otro contexto estarían agitadas por las movilizaciones convocadas por los sindicatos en apoyo del Gobierno y su llamado a una consulta popular, amanecieron en silencio.

El Ministerio de Defensa, encabezado por el general Pedro Sánchez, ha atribuido los atentados al tercer aniversario de la muerte de Leider Johani Noscué, un líder disidente de las FARC. Alias Mayimbú murió en 2022 en el vecino departamento del Cauca, en un operativo militar. Desde entonces, en junio de cada año el suroccidente del país se estremece con los estallidos. Este año fueron 18 los hechos violentos entre el Valle del Cauca y el norte del Cauca. Desde el Concejo Distrital, que pidió a Petro cancelar su presencia en la ciudad, se señaló otra posible motivación: la visita del presidente para encabezar una concentración y, posiblemente, anunciar la firma del polémico decreto con el que convoca la consulta popular sobre la reforma laboral.

Petro había anunciado la visita desde la semana anterior, antes de esa oleada y del atentado contra el precandidato Miguel Uribe Turbay, el sábado en Bogotá, que tiene al país conmocionado y al senador opositor en estado crítico. El Concejo Distrital le pidió que la suspendiera ante la tensión que dejaron los atentados. El presidente se negó. Su llegada estaba prevista para la 1 de la tarde, pero el mandatario aterrizó en la base aérea de la ciudad dos horas más tarde. Su primera parada fue una visita al puesto de mando unificado en el que las autoridades monitorean la situación de seguridad. Lo acompañaban la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde Éder. Desde allí anunció la firma del decreto.

Mientras tanto, cientos de personas comenzaban a marchar del sur al centro de la ciudad, con banderas de Colombia y en respaldo al presidente. “Estamos aquí apoyando a Petro porque el Congreso no lo ha respaldado, pero Cali sí”, dice José Sánchez, uno de los asistentes a la concentración. Lleva más de tres horas bajo el sol, frente a una tarima custodiada por una treintena de militares, esperando escuchar al mandatario. A la cita para la concentración, frente a la Gobernación, llegó una docena de chivas con miembros de las comunidades indígenas del norte del Cauca. Hacia las 11 de la mañana, el secretario de Movilidad de la ciudad, Gustavo Orozco, explicaba que desconocía las rutas que tomarían los asistentes, pues no se habían programado cierres viales para facilitar su llegada.

“Pude ser yo”

En Los Mangos, Jhon Bejarano está en el local de venta de accesorios de celulares en el que vivió el atentado. La cuadra de mayor flujo comercial de la zona está justo frente a la estación de Policía más importante del oriente de la ciudad. Fue frente a su fachada que estalló la motobomba, cerca de las 9 de la mañana del martes. “La semana pasada citaron a todos los comerciantes a una reunión, en la que anunciaron que iban a reforzar la seguridad porque había amenazas”. Pero no pasó nada, dice. La explosión dejó dos personas heridas y una fallecida. “Les hemos dicho que dejen centinelas de noche y que limiten el acceso de vehículos”, señala con aires de descontento. “Los que estamos perdiendo somos los civiles”, afirma.

El mismo malestar se percibe en Manuela Beltrán, al oriente y una de las zonas más empobrecidas de la ciudad. “Muchos en el barrio se habían organizado para ir a marchar por el presidente, pero después de esto, uno no sabe si es bueno salir”, dice un líder social. Allí, la motobomba explotó a las 8:15 de la mañana, justo cuando el supermercado de la esquina abría sus puertas. El vendedor y un patrullero que estaba en el comando de Policía resultaron heridos. La más afectada fue Hilda Carvajal, una mujer de 63 años que es la dueña de la construcción donde funciona el supermercado y que vive en el segundo piso. Sus ventanas se reventaron frente a sus ojos mientras desayunaba con su esposo. “Dormimos así anoche, a la intemperie”, dice.

José Orlando Prada, en Meléndez, cuenta una historia similar. Vivió el atentado desde su papelería, a diez metros de la explosión. En apenas tres cuadras, cinco colegios públicos y privados conviven con una estación de Policía y el Batallón Pichincha. Es habitual ver a niños y adolescentes caminar entre rejas, motos oficiales y hombres armados. Allí, una bomba explotó cerca de la estación y alcanzó a un adulto mayor que llevaba de la mano a su nieta de cinco años camino a una de las instituciones. Ambos resultaron heridos y son atendidos en un hospital. Desde entonces, las puertas de los colegios permanecen cerradas y las clases están suspendidas.

Esta explosión cobró la vida de Henry Obando, un hombre que cuidaba motos y a quien todos conocían en el barrio. Cada mañana llegaba antes que los estudiantes y saludaba a los profesores. Sin saberlo, activó la bomba cuando se acercó a cubrir una silla con un cartón, para protegerla del sol. Murió en el acto. Juan Carlos Rodríguez o Tribilín, otro de los cuidadores de motos, estaba a unos 20 metros. Se recuesta sobre una pared envejecida y dice: “Cinco minutos antes, me había ido a comprarle un café a Henry. Pude ser yo”, dice, y mira hacia el suelo. En la noche, vecinos y docentes levantaron una pequeña velatón en el andén donde solía sentarse Henry, frente a la estación de Policía.

Para reforzar la seguridad, el alcalde ha anunciado la llegada de 100 uniformados adicionales para toda la ciudad. El cordón más fuerte está en el centro, en la Plazoleta San Francisco, frente a la Gobernación, donde está citada la concentración en pro del presidente. En las estaciones de Policía donde ocurrieron los atentados, son los vecinos quienes han delimitado las zonas afectadas. Allí no se reporta uniformados adicionales, no se han anunciado nuevas estrategias de seguridad ni hay apoyo de la Policía Militar. En las zonas afectadas por las explosiones, la seguridad no llegó con el presidente.