Los choques entre el Gobierno de Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, amenazan con contagiar cada vez más el debate político nacional y desembocar en una guerra jurídica. El alcalde de la capital de Colombia rechazó este miércoles el proyecto de resolución de ordenamiento ambiental para la sabana que rodea la ciudad, publicado por la ya exministra Susana Muhamad, por considerar que viola la ley, la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. “Pedimos que se retire esta resolución o acudiremos a acciones legales de tipo administrativo y penal”, ha asegurado Galán con una vehemencia inusual, en una rueda de prensa. Advirtió que el plan esbozado pone en riesgo proyectos clave para el desarrollo y la movilidad de una masa urbana que suma una docena de municipios y alcanza los 10 millones de habitantes, que van desde la primera línea del metro hasta la ampliación del aeropuerto El Dorado, al ubicarlos en zonas de humedales.

“Esto viola la Ley”, ha valorado el alcalde con insistencia sobre lo que califica como “un nuevo ataque del Gobierno Nacional a la autonomía territorial” y una “imposición”. El propio Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, argumentó, “establece que ese proceso de determinantes ambientales tiene que ejercerse en coordinación con los entes territoriales. No se trata de que socialicen o nos informen, no. Tienen que construirlas teniendo en cuenta lo que ocurre en el territorio y a las autoridades locales”.

Su antecesora, Claudia López, que tuvo frecuentes choques con el presidente Petro cuando era alcaldesa y mantiene una relación tirante con Galán, coincidió en calificar la resolución para “congelar el desarrollo de la Sabana de Bogotá” como “ilegal y abusiva”. “En Bogotá, la Sabana y Cundinamarca tenemos una institucionalidad regional para concertar, junto con el Gobierno Nacional, los lineamientos ambientales y territoriales”, destacó en un video publicado en sus redes sociales, en el que también convocó a los demás gobernantes locales, que ya se han convertido en un frente de oposición al Gobierno. “Invito a los actuales y anteriores alcaldes y gobernadores, así como a la ciudadanía y al empresariado, a unirnos en acciones penales, legales y ciudadanas para que Petro deje de obstruir y sabotear a nuestros territorios”, aseguró López, quien prepara los primeros pasos de su aspiración presidencial en los comicios del 2026.

La resolución de la discordia se llama “Lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá”, y busca garantizar la integridad ecológica de la región y ordenar el territorio en torno al ciclo del agua, de acuerdo con el Gobierno nacional. Se trata de un viejo anhelo de Petro, quien como alcalde de la ciudad (2012-2015) planteó justamente esa necesidad como una de sus banderas. Según Muhamad, que dejó de ser formalmente ministra de Ambiente este martes, el proceso ha tomado más de un año de trabajo técnico y social para establecer lineamientos que incluyen, entre otras medidas, la protección de humedales y la restricción de urbanización en áreas rurales. Todos los sectores interesados, señala el Ministerio, podrán enviar sus comentarios hasta el 14 de marzo. La nueva ministra, Lena Estrada, no se ha pronunciado sobre la resolución.

“Esto no es ninguna consulta, sino una publicación obligatoria disfrazada de consulta para sanear un proceso ilegal, inconstitucional y que puede generar un fraude a resolución judicial”, ha respondido Galán, que asegura que la Alcaldía está comprometida con la restauración de ecosistemas clave para la regulación del agua. “La ministra Muhamad nunca nos quiso escuchar y, antes de irse, dejó sembrada una resolución que paralizaría a Bogotá y afectaría a millones de personas”, asegura. Las autoridades distritales detallaron que la resolución puede afectar proyectos e infraestructura de transporte como la ampliación de la Autopista Norte y la Carrera Séptima, las dos salidas de la ciudad hacia el norte; la prolongación de la Avenida Boyacá, también en esa zona; el cable aéreo de La Calera, hacia el oriente; o el Regiotram que planea conectar a la urbe hacia el occidente, entre muchos otros. La resolución también afectaría a miles de familias en Bogotá, de acuerdo con la Alcaldía, pues sus predios quedarían ubicados en zonas de humedales. Eso limitaría su uso y generaría incertidumbre sobre la propiedad.

“El desarrollo de Bogotá no es pavimentar la Sabana. Eso solo sirve para especuladores inmobiliarios que se enriquecen”, reaccionó en sus redes sociales Petro este miércoles al hacerse eco de la controversia, pero sin entrar en mayores detalles. La relación entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional ha sido tensa. El alcalde Galán ya se ha posicionado como contrapeso del presidente en varios temas de peso político y simbólico durante los 14 meses en que han coincidido en el Palacio Liévano y la Casa de Nariño, respectivamente. Los roces han incluido la postura de Colombia frente a la vecina Venezuela, la lucha contra el hambre en Bogotá o el enrevesado proceso que rodea al hospital San Juan de Dios, que hace parte del debate más amplio sobre la salud. La primera línea del metro de Bogotá, por la que se sacaron chispas desde la propia campaña, se ha mantenido como el principal punto de fricción. La disputada resolución de ordenamiento ambiental para la sabana se suma a la lista. Galán eleva el tono.