La Calera, un pequeño municipio verde y húmedo aledaño a Bogotá, ha sufrido en los últimos tiempos por falta de agua. El año pasado atravesó, al igual que la capital, un período de racionamientos debido a las sequías generadas por El Niño y su impacto sobre los embalses. Pero también, en parte, a las afectaciones dejadas a lo largo de los años por el voraz desarrollo urbanístico y, en menor medida, a la ganadería en una zona de evidente riqueza natural. Los tiempos, sin embargo, no son los mejores. Y la excesiva dependencia de los embalses ha arrastrado a un sector de los vecinos a plantarle cara a la mexicana FEMSA, embotelladora de Coca-Cola en el país, para bloquear la prórroga de una concesión para explotar siete manantiales en una reserva forestal de la vereda Santa Helena.

El pasado jueves se celebró una audiencia pública en un punto cercano a los manantiales en disputa. La filial local de la multinacional instaló carpas y pisos provisionales para acoger a unas 250 personas que expusieron sus puntos de vista hasta las 9 de la noche. Todo comenzó en los años 70 del siglo pasado, cuando un italiano afincado en Colombia emprendió la búsqueda de un yacimiento para impulsar un negocio de agua embotellada. Una rareza en aquel entonces. No fue hasta 1981 cuando dio con los pozos perfectos en La Calera, a una treintena de kilómetros de Bogotá. En adelante se volcó en el proceso para lograr comercializar el agua.

Un laboratorio en Trento (Italia) certificó que el acuífero reunía unas propiedades minerales equilibradas. Un líquido puro, transparente, saludable. Solo con un proceso riguroso de filtrado, bastaría para embotellarla. Así nació Agua Mineral Manantial. Dos años más tarde, en 1983, salió a los mercados de Colombia. El negocio pintaba tan bien, que un grupo de embotelladoras autorizadas de la multinacional estadounidense adquirieron la marca ese mismo año ―Coca-Cola absorbió Manantial a través de una fusión en 1996―. Desde entonces, la licencia de explotación industrial de los pozos subterráneos de la vereda, que debe renovarse cada diez años, ha sido adjudicada por las autoridades ambientales a la mayor empresa de bebidas del mundo.

Cuarenta y tres años más tarde, una parte de la comunidad, asesorada por organizaciones ambientales y colectivos de abogados cercanos a facciones de izquierda, ha emprendido la cruzada. ¿Cuál es el argumento? Se sustenta en el principio de precaución. Y se apoya en la crisis hídrica planetaria como elemento central para revisar las condiciones. No es una época para aventuras corporativas, repiten. La decisión, que está en manos de la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, ha estado marcada por la presión mediática y la influencia de las oenegés, pero también de la empresa. Basta hablar con algunos de los vecinos para constatar la narrativa de unos y otros.

La historia se desenvuelve, además, en la recta final de un Gobierno de corte progresista. Con serias reservas hacia las empresas privadas y su papel en asuntos de responsabilidad social. Armando Sarmiento, magíster en hidrosistemas y académico de la Universidad Javeriana, asegura que el debate ha girado en torno a la desinformación: “Los problemas de La Calera nada tienen que ver con los manantiales donde opera Coca Cola. Y el agua de la represa de Chingaza, que proporciona más o menos el 70% del suministro a Bogotá, depende de lo que llueva en la Amazonía colombiana y no de lo que haga la empresa”.

También recuerda que el servicio para los 28.000 habitantes de La Calera depende de un pequeño canal que no tiene relación en absoluto con el agua subterránea de los predios donde Coca Cola trabaja. “Es un acueducto veredal, manejado por la junta. Está legalizado, y funciona con la concesión de agua de una quebrada superficial [Santa Catalina]. Es muy pequeña y cuando deja de llover, hay escasez. La preocupación de muchas personas es la falta de agua para su ganado, porque esa es una vereda que tiene buena producción de leche y papa”, dice. Leandro Santiago, un vecino de Santa Helena, que ha participado de cerca en las actividades ambientales patrocinadas por Coca Cola en la zona, secunda los argumentos del experto.

“Los predios donde Manantial hace captación de agua de los nacederos no tiene relación con el túnel de Chingaza, que lleva el suministro a Bogotá, ni tampoco interfiere con el curso o las escorrentías del afluente San Lorenzo”, asegura el poblador, que ha vivido sus 46 años de vida La Calera. No obstante, oenegés como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo alegan que la empresa ha sido multada debido a infracciones medioambientales. La primera de ellas, en 1994, por embotellar más agua de la autorizada en la normativa. Otro informe posterior, de 2010, señala que la explotación industrial de la empresa habría incidido en la disminución del volumen del caudal.

Investigaciones que han sido objeto de quejas, y de llamados a la CAR para ejercer mayor vigilancia ambiental. Una realidad donde se mezclan el poder de la empresa y las omisiones de las entidades reguladoras. Se trata de infracciones, sin embargo, que discurren al margen de los argumentos centrales empuñados por los máximos contradictores interesados en bloquear la licencia. Sarmiento precisa: una cosa es que la multinacional haya violado los términos de la concesión en uno u otro punto, o que sea irresponsable en la gestión de los recursos naturales. Otra, prosigue, que se usen argumentos pedestres para vincular el trabajo de la planta con los problemas de escasez de agua en el pueblo. O en Bogotá.

Así mismo, Leandro Santiago reconoce que las contraprestaciones por regalías que le deja la empresa al municipio son “pocas”. Revela que en la audiencia pública del pasado jueves se informó que desembolsa unos 1,300 millones de pesos anuales por impuestos. “Cuando la gente se queja de que pagan muy poquito por recaudo, tienen razón. Pero esa es la tasa establecida por el Ministerio de Medio Ambiente. Colombia mantiene una fórmula para fijar ese cobro. E ir más allá, sería entrar en otro debate”, completa Sarmiento.

De acuerdo con los datos de una investigación del portal Vorágine, la planta de Coca Cola-FEMSA produce unas 420 mil botellas de agua diarias. La correlación entre los costos de extracción y producción del agua mineral embotellada, los impuestos que paga por los litros del líquido sacado, y el valor de venta final de una botella al público, deja unos beneficios millonarios para Coca Cola. Para algunas fuentes, asimétricos. Para otras, incluso, inescrupulosos, si se contrasta la potencia del negocio contra las carencias de la vereda.

Por lo pronto algunos pobladores, como Ana Lucía Silva, reclaman transparencia e información. Lo hizo durante la audiencia pública de más de seis horas celebrada el jueves pasado. Otros, exigieron mejor sustento técnico para comprender el impacto real de la operación de la planta. Pero a falta de mayor precisión, tanto los ingenieros de la empresa como los de la CAR pusieron sobre la mesa la evidencia de los estudios hídricos que cada parte consideró más completos. Expertos como Armando Sarmiento aseguran, no obstante, que las investigaciones a mano aún no son exhaustivas. Y que para ir un poco más allá se requerirá de inversiones muy costosas.

Finalmente, la bióloga Brigitte Baptiste resume que la amenaza tangible de la crisis climática ha avivado la “susceptibilidad de las comunidades locales”. Las temperaturas extremas, y su impacto destructor sobre la diversidad, han desbordado la ansiedad. Y el sentimiento de urgencia para actuar. Un estado de ánimo que ambientalistas, de uno u otro ángulo ideológico, han aprovechado para imponer su visión política, muy a menudo en detrimento del sustento técnico: “Lo hacen desde la frustración y la indignación, han aprovechado para atacar a actores con los que no concuerdan, sin conversar sobre lo que implica el mal uso de los argumentos científicos”.