Agentes federales de inmigración detuvieron este fin de semana a un estudiante palestino de la Universidad de Columbia, Mahmud Khalil, por supuestamente liderar las protestas que la pasada primavera agitaron el campus en contra de la guerra de Gaza. Khalil, casado con una ciudadana estadounidense y con residencia legal en el país, fue detenido el sábado por la noche en el apartamento del campus donde vivía. Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional informó de que el joven “dirigió actividades alineadas con Hamás, declarada organización terrorista” por EE UU. Según el comunicado, el arresto obedece “a las órdenes ejecutivas del presidente [Donald] Trump que prohíben el antisemitismo”. El hecho ha sido confirmado este lunes por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Los agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en sus siglas inglesas) dijeron a Khalil que su visado de estudiante había sido revocado antes de su detención. Un hecho discordante, según su abogada, Amy Greer, quien confirmó que el detenido es residente legal permanente y no se encuentra en EE UU con visado de estudiante. Según la abogada, se le retiró también la llamada tarjeta verde, que otorga la residencia legal permanente. En una publicación en X (antes Twitter), Rubio ha informado de que se revocarán “los visados y/o las tarjetas de residencia de los partidarios de Hamás en Estados Unidos para que puedan ser deportados”.

El domingo por la mañana Khalil, nacido en Siria, fue trasladado a un centro del ICE en Elizabeth (Nueva Jersey), pero cuando su esposa, embarazada —y a la que, según Greer, los agentes migratorios amenazaron con detener—, fue a visitarlo ya no estaba allí. Khalil ha sido trasladado a instalaciones del ICE en Luisiana, donde teóricamente espera la vista para su deportación. El proceso para una posible revocación de la tarjeta verde suele prolongarse, según fuentes legales citadas por el diario The New York Times, que subrayan que un titular de ese permiso puede ser detenido, pero no deportado durante el procedimiento.

La irrupción de los agentes del ICE en el campus se produjo, teóricamente, con una orden de arresto, la condición que la universidad arguyó el domingo que debe cumplir cualquier intervención de las fuerzas de seguridad en un recinto universitario, en principio inviolable.

La detención de Khalil se produce un día después de que el presidente Donald Trump, que ha prometido mano dura contra el movimiento de protestas propalestinas, anunciara que retirará 400 millones de dólares en fondos y contratos federales a la universidad, que fue epicentro de la mayor movilización estudiantil desde la guerra de Vietnam, extendida por todo el país. Según el anuncio del Departamento de Educación, la retirada de fondos se debe a que la institución no ha hecho nada para atajar las supuestas manifestaciones de antisemitismo que, entonces y ahora, casi un año después, aún salpican periódicamente las facultades, como la Barnard, que pertenece a Columbia y registra desde hace días tensas protestas.

La investigación que condujo a la detención de Khalil se enmarca también en las actividades de un nuevo comité disciplinario de la universidad, la Oficina de Equidad Institucional, contra estudiantes de Columbia que han criticado a Israel. En las últimas semanas, el comité ha enviado notificaciones a docenas de estudiantes por actividades que van desde compartir mensajes en las redes sociales en apoyo del pueblo palestino hasta unirse a protestas “no autorizadas”.

La semana pasada, el Departamento de Estado anunció que revocará el visado de estudiante a todos los extranjeros supuestamente implicados en “protestas ilegales”, para lo que se rastreará toda su actividad en redes con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA). Sobre la huella digital, el detenido, que se graduó en diciembre pasado, había declarado la semana pasada a la agencia Associated Press que la mayoría de las acusaciones de mala conducta por parte de la Universidad se referían a publicaciones en redes sociales con las que él no tenía “nada que ver”.

Khalil ha sido uno de los activistas más conocidos durante las dos acampadas —disueltas por la policía— en Columbia la pasada primavera, y fue uno de los negociadores con la universidad sobre las demandas de los manifestantes, incluidas las de quienes ocuparon un edificio cuyo desalojo a manos de la policía precipitó, teóricamente, el fin de las manifestaciones. Los accesos a la universidad se hallan cerrados a cal y canto desde entonces —solo pueden pasar estudiantes y profesores provistos de su identificación, con su código electrónico—, pese a lo cual ha habido brotes aislados de protestas, especialmente tras la asunción de la presidencia por Trump.

El grupo Columbia University Apartheid Divest (CUAD, en sus siglas inglesas), en la práctica órgano de difusión de las protestas, asegura que Khalil ha sido objeto de “diversas campañas de acoso sionista” para “infundir miedo a los activistas propalestinos, así como una advertencia a los demás”. En sus redes sociales, CUAD viene narrando los incidentes en la facultad Barnard, que el miércoles pasado se saldaron con una decena de detenidos, a consecuencia de la expulsión de dos alumnos por irrumpir días antes en una clase de historia de Israel. El grupo de activistas también propuso un boicot, hace seis días, a una conferencia en el Instituto de Relaciones Internacionales del campus del ex primer ministro israelí Naftali Bennett.

Bennett, un halcón, está realizando una gira por campus estadounidenses, el último de ellos, el jueves, el de Harvard, donde se burló de quienes intentaron interrumpir su charla afirmando que tal vez podrían mandarles buscas como los que en septiembre explotaron en Líbano, en una acción israelí dirigida contra Hezbolá.

Las acusaciones de la universidad contra Khalil se centran precisamente en su participación en el grupo Apartheid Divest. El licenciado se enfrentaba a sanciones por ayudar potencialmente a organizar una “marcha no autorizada” en la que los participantes ensalzaban el atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023 y por desempeñar un “papel sustancial” en la difusión de mensajes en las redes sociales que criticaban el sionismo. “Hay alrededor de 13 acusaciones contra mí, la mayoría de las cuales son publicaciones en las redes sociales con las que no tengo nada que ver. Solo quieren demostrar al Congreso y a los políticos de derechas que están haciendo algo, sin tener en cuenta lo que está en juego para los estudiantes”, declaró Khalil a AP en alusión a la sordina impuesta a la libertad de expresión en los campus en todo lo relacionado con Israel.