Agentes de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional han detenido este martes en una localidad de Gran Canaria a dos hombres, nacidos ambos en 2006, por su presunta participación en la difusión ilegal a través de al menos dos chats de internet de ideología ultra de los datos personales de miles de personas, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios de sus ministros, presidentes autonómicos y otros altos cargos públicos, así como de militantes de partidos de izquierda y profesionales de los medios de comunicación, según han confirmado a EL PAÍS fuentes policiales. En estos momentos se está procediendo al registro de los domicilios de los dos sospechosos en la isla canaria. El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge tiene abierta una investigación por estos hechos por los delitos de ciberterrorismo y contra las altas instituciones del Estado que aún esta secreta.

Las pesquisas se iniciaron hacde dos semanas, cuando la Policía Nacional presentaba en la Audiencia Nacional un atestado en el que informaba que en un chat de la aplicación de mensajería Telegram con más de 90.000 usuarios, dos de ellos bajo el seudónimo @akkaspace y @Pakito habían subido unos días antes un documento en el que aparecían los domicilios, teléfonos, números de DNI y direcciones de correo electrónico (algunos antiguos o erróneos, pero otros actualizados) de siete ministros ―entre ellos la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero― y varios exdirigentes del PP y de Podemos.

Un día más tarde, en el mismo chat se producía una segunda filtración de información confidencial. En esa ocasión, entre los afectados estaban otros miembros del Gobierno ―como el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz―; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; president de la Generalitat, Salvador Illa, y la dirigente de Podemos Ione Belarra, así como de los cuatro principales investigados por la presunta trama de corrupción que anidó en el Ministerio de Transportes: el antiguo titular de la cartera, José Luis Ábalos; su exasesor, Koldo García; el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, y el empresario y comisionista Víctor de Aldama. También aparecían datos de 300 afiliados del PSOE.

El pasado jueves se registraba la tercera filtración de datos, ahora por un segundo chat en Telegram con menos seguidores ―algo más de 1.000― al haber sido supuestamente bloqueado el primero. Esta incluía información de Sánchez (su número de DNI, dirección de correo electrónico personal, fecha de nacimiento y dirección en Madrid), de otros nueve ministros, así como de líderes autonómicos como la extremeña María Guardiola y el andaluz Juan Manuel Moreno, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. También se recogían datos de 3.000 afiliados de Podemos. Todo ello junto a las etiquetas #noalacorrupcion #españalibre y #sanchezdimision y mensajes en los que su administrador amenaza con continuar con filtraciones de datos personales. En el nuevo chat se volvían a colgar los datos de las dos anteriores filtraciones.

En los últimos días, los presuntos autores de estas filtraciones anunciaban que iban a continuar con la difusión de datos personales, pero también ofrecían a sus seguidores comprar la “potente herramienta” que estaban utilizando para realizar “búisquedas en bases de datos españoles”. “Con solo un comando, podrás acceder rápidamente a información útil para verificación, gestión o análisis, todo desde la comodidad de tu móvil o PC. Ideal para profesionales que necesitan datos confiables al instante”, se promocionaban. Sus últimas publicaciones habían sido difundir de nuevo los datos de las primeras filtraciones.

La Audiencia Nacional ha asumido la investigación al considerar que esta difusión masiva de datos personales en internet pueden encuadrarse, tras la reforma de 2015 del Código Penal, como un delito de terrorismo. La ley contempla que este tipo de ataques informáticos pueden ser catalogados como terrorismo si, entre sus supuestas finalidades, está “subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”. La Comisaría General de Información, autora del informe que ha dado pie a la apertura de la investigación judicial es, de hecho, la especializada de investigar, entre otros, los delitos de terrorismo en sus diferentes variables. La causa se encuentra actualmente bajo secreto de sumario.