El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la derogación de la ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, decisión adoptada por el Parlamento autonómico el pasado mes de noviembre, con el apoyo del PP y Vox. El Ejecutivo invocaba en la presentación de su recurso de inconstitucionalidad el artículo 161.2 de la Constitución, que prevé la suspensión automática de las normas impugnadas. La Ley de Memoria Histórica de Cantabria, por tanto, sigue en vigor, con efectos para las partes del proceso desde la fecha de interposición del recurso, que se presentó el pasado día 12. Para terceros, dicha fecha será del día siguiente a la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Gobierno informó el pasado día 11, antes de interponer la impugnación, que la comunidad autónoma “declinó la invitación para sentarse a negociar un acuerdo” en la Comisión Bilateral de Cooperación”, con el fin de evitar el recurso. La posibilidad de entablar una negociación que evite iniciar un procedimiento en el Constitucional está prevista en el artículo 33.2 de la ley orgánica que rige el funcionamiento del órgano de garantías.

Además, la presentación del recurso de inconstitucionalidad contó con el informe favorable del Consejo de Estado, que estimó que la derogación de la Ley de Memoria Democrática autonómica podía vulnerar diversos principios y derechos proclamados por la Constitución. Ese dictamen sostenía que la nueva legislación de Cantabria debía ser recurrida en todos sus aspectos. El informe apreció textualmente “la procedencia de la impugnación de la totalidad de la ley”.

El recurso del Gobierno argumentó que la norma cántabra “no hace una derogación técnica o aséptica de la legislación autonómica de memoria democrática, sino que elimina todas las previsiones de la ley de Memoria Democrática autonómica” y “deroga totalmente el estatuto jurídico de las víctimas, así como las previsiones de colaboración que permitían la efectiva aplicación de la Ley estatal”. La impugnación estimaba que la consecuencia de todo ello es que “esta derogación en bloque menoscaba el cumplimiento de Ley de Memoria Democrática” estatal.

“En nuestro Derecho —añadía el recurso del Gobierno— está claramente establecido el deber de memoria en el artículo 34 de la Ley de Memoria Democrática, que se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”. Se subrayaba también que este deber afecta a todas las administraciones públicas, como establece el artículo 14 de la Ley de Memoria Democrática.

El Gobierno argumentaba, en definitiva, que dicho deber de colaboración tiene como finalidad que se garantice la atención por parte de todas las Administraciones públicas a las víctimas de vulneraciones graves de los derechos humanos en los términos establecidos por la Ley de Memoria Democrática. Todo ello de acuerdo con la Constitución y “de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos en la materia ratificados por España”. Junto a ello, la impugnación plantea que la citada ley derogatoria es contraria a la distribución de competencias entre las administraciones estatal y autonómica y a los citados principios de colaboración y cooperación.

A su vez, el Gobierno de Cantabria manifestó por medio de su presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP), que la ley derogada por acuerdo del Parlamento autonómico en noviembre último “nació muerta”. Sostuvo en este sentido que la norma fue promovida por el PSOE y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) en la anterior legislatura y sin pretender “el consenso ni en la forma ni en el fondo”, ya que dichos partidos —añadió— no admitieron dialogar sobre su contenido.