Cada gobierno tiene su escándalo, aunque el caso Convenios golpea con especial dureza al ethos que prometía el Frente Amplio: la famosa escala de valores diferente de Giorgio Jackson. Aunque tiene muchas dimensiones —Lencería, Democracia Viva, etc.—, las últimas semanas ha sonado fuerte la arista ProCultura. La fundación así llamada experimentó un inusitado golpe de suerte con la llegada de Boric al poder. Los convenios entre esta y los gobiernos regionales se multiplicaron por diez y parecía gozar de una época de bonanza al alero de la nueva administración.

La atención se concentra en ese caso porque parte del material investigativo fue liberada, y se han divulgado copiosas escuchas telefónicas que evidencian un modus operandi al menos sospechoso. El mérito jurídico —si hay o no fraude al Fisco, tráfico de influencias, malversación de caudales— queda radicado en la sede judicial.

Lo más llamativo de estas semanas son las reacciones escandalizadas del frenteamplismo, que acusó “una estrategia de espionaje con fines políticos”. Según el partido, el fiscal Cooper tendría una agenda deliberada para difamar a su partido. Se suman así a la bancada de diputados oficialistas de todos los partidos que solicitó su remoción en el caso Sierra Bella. Es cierto que las herramientas intrusivas son peligrosas —por cierto que lo son—; y, sin embargo, lo llamativo es que la voz sólo se alza solo cuando tocan a los propios. “Para mis amigos, justicia y gracia; para mis enemigos, la ley” reza el viejo dicho. Los mismos que festinaban con el caso Hermosilla hoy se lamentan, lo que permite dudar de la sinceridad de la indignación.

No me cabe ninguna duda que si habláramos del Tren de Aragua, de los Carejarro o una banda criminal cualquiera, nadie criticaría las interceptaciones telefónicas. Pero en el oficialismo, y particularmente en el Frente Amplio, en lugar de negar los hechos, cuestionar las hipótesis o esperar el proceso, se opta por presentarse como víctimas de una supuesta operación corrupta en connivencia entre la Fiscalía y el Poder Judicial.

Político que no llora no es político, dicen, pero el Frente Amplio parece haber adoptado esta postura como reflejo condicionado. Hacen eco de una generación que no ha sabido, no ha querido o no tiene las herramientas para mirar hacia adentro y auscultar sus propios defectos. El sentirse víctimas permanentes lleva a no aceptar la cuota de responsabilidad que les cabe en cada caso. La culpa siempre es de otros: Catalina Pérez en su momento también denunció ser perseguida política (aunque la cantidad de antecedentes en su contra ameritó su desafuero por unanimidad en la Corte de Apelaciones y Suprema). Tampoco se sintieron responsables de la chambonada de la destitución de Isabel Allende (que llevó a una áspera discusión entre el Frente Amplio y el Partido Socialista). Alberto Larraín militó en la Democracia Cristiana y a esa tienda deberían atribuirse sus errores, a pesar de sus archiconocidos vínculos con Gabriel Boric, Diego Ibáñez y su mundo. ¿La Convención Constitucional? Culpa de los inexpertos de la Lista del Pueblo, los medios, los poderes fácticos o el dinero de la derecha. Por último, los responsables de los convenios son los gobiernos locales; todo limpio, nada que ver con nosotros, nos quieren perseguir.

Para el Frente Amplio, nunca son ellos, siempre son otros. De esto surgen dos posibilidades. O creen realmente que son víctimas de un sistema que les quiere jugar chueco o esgrimen esa calidad meramente por razones estratégicas. Ninguna de las dos los deja muy bien parados.

Es cierto que Gonzalo Winter, su candidato presidencial y el propio Boric han intentado desmarcarse de las declaraciones de su partido. Pero varios diputados y dirigentes —su presidenta, en particular— apuntan en sentido contrario, lo que nos conduce otra vez a un dilema recurrente del actual presidente: puede esforzarse en mostrar una mayor madurez o altura de miras, puede haber avanzado un poco en la dirección de ‘habitar el cargo’, pero su gente lo traiciona. ¿Se puede confiar en líderes que no serán respetados al tomar posiciones diferentes a las del Frente Amplio? ¿Se puede hacer una política de víctima permanente, sin asumir nada, esperando que otro arregle los desaguisados que provocan? ¿No es eso precisamente lo contrario de gobernar?