La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha reconocido, tras cinco años de la construcción del Tren Maya en la Península de Yucatán, los daños ecológicos en la zona y la necesidad de poner en marcha un plan de restauración que, según dijo, deberá de ser integral. En un encuentro al que ha convocado la Secretaría con algunos medios de comunicación y otros líderes en el sector ambiental, la titular Alicia Bárcena, explicó que algunos de los temas a tomar en cuenta en esa restauración será el retiro de mallas colocadas en algunos sitios que son innecesarias y que impiden el paso de los animales o la mejora de los pasos para fauna que ya existen. “La restauración que requiere una obra como la del Tren Maya es una restauración tan integral porque tiene que haber reforestación. Las propias comunidades pueden ser las que nos ayuden a restaurar el ecosistema forestal”, dijo.

El plan de las autoridades ambientales también contempla restaurar manglares degradados en la Península y trabajar conjuntamente con productores locales en la regeneración de la selva. También dijeron que trabajan en la elaboración de un esquema para la conservación de la zona y en la declaratoria de área natural protegida para el sistema de cavernas y cenotes en Quintana Roo. Sin embargo, todavía no se especificó la fecha en la que estas acciones comenzarán a ser ejecutadas y tampoco si se contará con un presupuesto específico para ello.

Al respecto, la subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, Marina Robles, dijo que el costo de este plan para restaurar todas las zonas afectadas por el megaproyecto emblema del presidente Andrés Manuel López Obrador, tendrá que ser cubierto por quienes construyeron: “Tiene que pagar quien hizo la obra”, dijo.

El Tren Maya ha sido, desde el inicio de la actual Administración, uno de los mayores desafíos ambientales para México y para la presidenta Sheinbaum. Su construcción ha provocado la tala de millones de árboles y amenazas constantes a la biodiversidad. En 2024, un tribunal federal de Yucatán ordenó suspender las obras del tramo 5 sur en Quintana Roo, por las afectaciones que las obras provocaron al subsuelo. La medida obligaba al Gobierno a entregar los estudios científicos que acreditaran que no se estaban incumpliendo las leyes ambientales contra el intrincado sistema de cuevas y cenotes sobre los que se construyó el transporte.

Pese a esta y a otras medidas legales impulsadas por organizaciones ambientalistas, la construcción del proyecto continuó con poca transparencia y siempre en la negación de que se estaba afectando el ecosistema. Hoy, después de cinco años de obra y de negación ante el impacto ambiental, las autoridades han rectificado. Sin que haya todavía fechas, montos o lugares concretos de dónde comenzará la restauración.