El Consejo de Ministros de este lunes, transmitido por cadena nacional, ha marcado el fin de la crisis de gabinete del Gobierno de Gustavo Petro. Al menos, en la fase pública que inauguró el Consejo televisado de hace un mes y que derivó en la salida de 9 de sus 19 ministros. El presidente ha dejado las críticas a sus subordinados en un segundo plano. Se ha enfocado en analizar las medidas del Ejecutivo para el Catatumbo, la región del noreste de Colombia que enfrenta la peor crisis humanitaria en décadas. Ha anunciado un ambicioso plan de sustitución de 25.000 hectáreas de hoja de coca. Los ministros, en tanto, no le han salido al frente como hace un mes. Se han limitado a enumerar los logros o proyectos de cada cartera en el Catatumbo.

Petro ha asegurado en varias ocasiones que fueron sus subordinados los que corrompieron el Consejo anterior. Según el presidente, su intención cuando decidió transmitir la reunión de principios de febrero era que los colombianos pudieran ver debates de política pública. Ya entonces, había señalado que la prioridad era discutir los decretos del Catatumbo pero empezó la reunión televisada con duras críticas a sus subordinados por incumplir compromisos contraídos ante el pueblo. “Me da vergüenza. El presidente es revolucionario. El Gobierno, no”, dijo entonces. Varios de ellos respondieron, y cuestionaron su decisión de designar como jefe de Despacho a Armando Benedetti, un camaleónico político señalado de violencia de género y corrupción.

Con ello, el Ejecutivo expuso a la luz pública una crisis sin precedentes que tomó fuerza con el correr de los días. La vicepresidenta Francia Márquez y la entonces ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, lideraron la presión para que se desplazara al nuevo jefe de Despacho. “Estoy abierta a continuar en el Gobierno si el presidente replantea la designación de Benedetti”, enfatizó Muhamad, una de las aliadas más cercanas al presidente desde hace dos décadas, en una entrevista con este periódico. Al final, el mandatario optó por quien fue su jefe de campaña en 2022. Desplazó a nueve ministros, entre ellos a Márquez de su cargo como ministra de Igualdad. Mientras tanto, otros funcionarios expusieron sus propias luchas internas. Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, pidió públicamente la salida de la canciller, Laura Sarabia, por denuncias de corrupción.

Este lunes, en contraste, el presidente ha limitado sus críticas a “la guerra de egolatrías” que considera haber visto hace un mes. Ha citado varias frases de El espíritu de la esperanza, libro del filósofo surcoreano Byung-Chul Han que le regaló Sarabia y que pidió llevar a la práctica. “Hoy en nuestra sociedad narcisista la sangre está encerrada en la mezquina circulación de nuestros egos. Ya no fluye al mundo (…). En cambio, la esperanza tiene amplitud y funda un nosotros”, leyó. Después, concluyó que el ego impide las construcciones colectivas y es propio de la derecha. “Si lo que hemos visto a partir del Consejo de Ministros pasado es el ego en su máxima dimensión, pues no es un gobierno progresista. Mejor que Milei [el presidente de Argentina] llegue y gobierne a Colombia con su sierra”, enfatizó.

El mandatario, además, reiteró que quienes lo cuestionaron desean ser candidatos en las elecciones de 2026, como aseguró en una entrevista con este periódico al referirse a “agendas dobles”. “El aspirante político tiene que irse. No podemos gobernar y hacer elecciones al mismo tiempo. Eso lo dije el año pasado, pero no se me puso mucho cuidado”, dijo este lunes. Pidió que sus subordinados sean más humildes y “pongan a fuego lento” sus egos, al menos por ahora. “Todavía no es el momento […]. La victoria del 2025 depende de que haya un nosotros dispuesto a luchar por la dignidad”, resaltó. En cuanto a críticas específicas, se enfocó en el sector de Transporte por una vía que no se construyó en el Catatumbo. “Hay que hacer autocrítica. El Ministerio de Transporte de este Gobierno nunca priorizó la carretera. Estuvo cooptado por grandes círculos [de poder] que prefieren los negocios a carreteras que construyan la paz”.

El eje del Consejo, más allá de estas referencias a febrero, estuvo en el Catatumbo. El presidente definió la crisis como “un problema de soberanía” por la expulsión del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de 55.000 habitantes para reemplazarlos por “personas súbditas”. Señaló que hay 50.000 hectáreas de coca en la región y que la mitad están en el municipio de Tibú. Allí, anunció, se concentrará su plan de erradicación de cultivos de coca, que consiste en ofrecer incentivos económicos para que los campesinos se sumen al programa. “La paz de Colombia pasa por la decisión voluntaria del campesino de erradicar la hoja de coca”, subrayó.

Los ministros luego especificaron una serie de promesas como parte de la conmoción interior decretada en el Catatumbo a mediados de enero. El ministro de Hacienda, Diego Guevara, explicó que se destinarán 330.000 millones de pesos (unos 80 millones de dólares) al programa de sustitución de cultivos y otros 881.000 millones de pesos (213 millones de dólares) al sector de Defensa. La expectativa es que los recursos salgan de tres impuestos ya decretados a los juegos de azar en línea, las petroleras y las notarías. La directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), Gloria Miranda, detalló que se entregarán 1.280.000 pesos mensuales (unos 310 dólares) a cada campesino durante un año y que se espera comenzar con los primeros pagos la semana que viene. Asimismo, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, prometió la titulación masiva de tierras para campesinos y subsidios a insumos agropecuarios.