La región separatista de Transnistria, un enclave exsoviético de mayoría prorrusa, abrazó la industria de la criptomoneda en 2018, espoleada por Moscú, con una ley con la que creía que iba a galvanizar su maltrecha economía. Este territorio rebelde ha vivido, desde que se autoproclamó independiente en 1990 para evitar la unificación con Rumania, gracias a la misericordia de Rusia que ha estado proporcionando gas a un precio cercano a los cero euros. Este coste tan bajo permitía a los ciudadanos pagar hasta céntimos al mes por el consumo eléctrico, a las empresas competir en el exterior de manera desleal y a los autoproclamados gobernantes financiar el presupuesto.

Sin embargo, la decisión de Ucrania de cortar el tránsito de gas ruso por su territorio desde el 1 de enero de este año echó por tierra las intenciones de las autoridades separatistas que se han visto abocadas a cerrar las granjas de activos digitales, ya que se tuvo que paralizar el envío de energía a la industria e interrumpir el suministro de calefacción y agua caliente durante casi un mes. “El uso del hidrocarburo ruso barato para obtener ganancias ilícitas ha sido una constante de la presencia ilegal rusa en la región”, explica Mihai Isac, experto en asuntos políticos en la zona.

El mayor beneficiado del sistema ha sido el conglomerado de empresas Sheriff, fundado por dos antiguos espías de la madre patria, revelan investigaciones periodísticas independientes. Desde gasolineras a cadenas de supermercados hasta compañías de telecomunicaciones, energía, alcohol y acero, además del club de fútbol, este grupo sustenta la vida política y económica de este enclave en el que residen unas 200.000 personas. “Diferentes oligarcas rusos intentaron lanzarse desde 2017 a la industria de las criptomonedas en Transnistria, pero Igor Chaika, hijo de Yury Chaika, ex fiscal general de Rusia y aliado cercano al presidente, Vladímir Putin, logró monopolizar el sector”, asegura Isac, quien recalca que su estrecha colaboración con el expresidente moldavo Igor Dodon y los propietarios de Sheriff ha sido utilizada por los servicios de inteligencia rusos para canalizar dinero a las fuerzas políticas prorrusas de Moldavia. Eso casi pone en jaque las victorias de la presidenta prooccidental Maia Sandu y el referendo sobre la adhesión a la UE del pasado otoño.

Alimentado por Gazprom

El eje de esta arquitectura cripto se basó en la central eléctrica de Dubasari, en territorio transnistrio, que se ha alimentado del gas gratis de Gazprom durante más de tres décadas para generar grandes cantidades de energía. “Este precio ínfimo resultó atractivo a los nefastos intereses de los oligarcas rusos, que también han abierto minas [de criptomonedas] en otros territorios ocupados en Georgia y Ucrania”, asevera el analista. El desarrollo de la tecnología basada en blockchain formaba parte de una de las prioridades inversoras en la región. Además de la energía barata, no se imponían impuestos ni otros pagos obligatorios, así como tampoco se exigía la obtención de un permiso especial u otros documentos de autorización relacionados con la protección de datos.

El funcionamiento de las minas de activos digitales en varias ciudades supuso que se doblara el consumo de electricidad, ya que las criptomonedas requieren de una red masiva de computadoras peer to peer, un sistema que permite transacciones entre particulares de manera directa. Sin embargo, la crisis energética causada por el fin del tránsito de gas ruso por Ucrania obligó a Tiraspol a alcanzar un acuerdo con el Gobierno moldavo para comprar el hidrocarburo al mercado internacional y tomar medidas de ahorro. Sin previo aviso, el pasado 6 de febrero, el mismo Soviet Supremo de Tiraspol derogó la ley favorable a las criptos como respuesta a las acusaciones de que estas granjas funcionaron durante la emergencia energética. “La situación se estaba descontrolando, las empresas locales comenzaron a exportar equipos de minería, un negocio controlado por los servicios de inteligencia de Transnistria”, zanja Isac.

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