El Tribunal Supremo ha abierto dos causas al al eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise: una por la supuesta financiación ilegal de su agrupación electoral Se Acabó La Fiesta (SALF) y otra por difundir una prueba falsa de covid de Salvador Illa. La Sala de Admisión aprecia indicios de presuntos delitos de financiación ilegal de partido, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la exposición razonada elevada enviada por la Audiencia Nacional sobre la financiación electoral del partido de Alvise. Respecto al bulo sobre el actual presidente de la Generalitat, el alto tribunal investigará un posible delito de falsedad en documento privado e injurias.

La imputación de Alvise sobrevolaba desde hace meses el Tribunal Supremo, donde han ido desembocando las diversas denuncias sobre el líder de SALF desde que, tras las elecciones europeas de mayo d 2024, se convirtió en eurodiputado y pasó a estar aforado en al alto tribunal. La Sala Penal ha dado finalmente el paso este viernes y lo ha hecho por partida doble, abriendo diligencias a partir dedos exposiciones razonadas enviadas desde otros tribunales en los últimos meses.

La primera, ha llegado del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, al que la Fiscalía remitió el año pasado la denuncia presentada en diciembre de 2023 por el empresario Luis Romillo, conocido en las redes como Luis Cryptospain, que se autoinculpaba de haber entregado 100.000 euros a Alvise durante la campaña electoral de los últimos comicios europeos, en los que SALF obtuvo más de 800.000 votos y tres escaños. El caso recayó primero en Calama porque este ya tenía ya en marcha una investigación contra Romillo por una presunta estafa piramidal cometida a través de una de sus empresas, Madeira Invest Club (MIC), una oficina de inversión a la que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) calificó de “chiringuito financiero”.

El juez vio entonces decidió “prematuro” enviar el caso al Supremo, pero sí lo hizo finalmente en diciembre pasado, al considerar que existían ya “indicios sólidos” de delito contra Alvise, lo que le obligaba a derivar el caso al alto tribunal para que la Sala Penal decida si abre una causa contra el eurodiputado. El juez de la Audiencia incluyó en su escrito los indicios contra el empresario Romillo para que también le investigue el alto tribunal de forma conjunta con el dirigente de SALF, al apreciar una “íntima conexión” entre las actuaciones de ambos. Son “la cara y cruz de una misma moneda”, señaló Calama. El alto tribunal ha asumido su criterio y ha incluido al empresario en la causa abierta contra Alvise.

El instructor será el magistrado y ex fiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar. Al tratarse de un eurodiputado, el Supremo podría pedir la declaración voluntaria de Alvise, pero, si este se niega, tendría que pedir al Parlamento Europeo que le levante la inmunidad para poder actuar contra él. El tribunal admite además la personación del PSOE como acusación popular, al que se exigirá la prestación de la fianza de 15.000 euros.

Para la sala, los hechos anteriormente expuestos podrían incurrir en un delito de financiación ilegal de partidos, recogidos en el artículo 304 bis del Código Penal y el 49 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que prevé entre uno y cuatro años de cárcel para los responsables de partidos o candidaturas electorales que falseen las cuentas u omitan “aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables”. Además, e la Sala ve indicios de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental, añade el auto.

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