El Tribunal Supremo ha rechazado la denuncia con tintes conspiranoicos presentada por el abogado Eduardo Martín-Duarte contra varios miembros del Gobierno y diputados socialistas, que fue aireada y amplificada por el PP. El tribunal ha concluido que las acusaciones de este letrado, apoyadas en recortes de prensa y en un listado de “elaboración casera” con supuestas cuentas bancarias de República Dominicana atribuidas a esos políticos, carecen de “cualquier indicio mínimamente fundado” o “verosímil”.

A través de una contundente resolución, los magistrados entierran este ataque contra el Ejecutivo. “Los hechos que el denunciante comunica son un conjunto de afirmaciones, que pretenden sustentarse en la mera referencia a titulares de noticias, difusas y carentes de apoyo y base objetiva”, expone el Supremo, que desdeña las supuestas pruebas que se aportaban. El abogado acompañó su escrito con unos extractos bancarios manifiestamente falsos. “Sin mencionar su origen, incluía unas hojas en blanco, sin membrete ni referencia a entidad bancaria alguna, donde figuran unas líneas alfanuméricas referentes a [supuestos] depósitos y cuentas abiertas en bancos de la República Dominicana a nombre de miembros del Gobierno y diputados”, recuerdan los jueces.

La presentación de esta denuncia ante varios organismos pasó desapercibida hasta que el comisionista Víctor de Aldama, implicado en el caso Ábalos, acudió el pasado enero a la cadena Cope. Con semblante serió, arremetió contra el Ejecutivo: “Hay algo muy grave”, aventuró. “Hay una denuncia en la Fiscalía en la que hay un listado con la señora [Begoña] Gómez, [esposa de Pedro Sánchez], con cuentas en el extranjero por más de seis millones de dólares […] La señora María Jesús Montero [vicepresidenta primera y ministra de Hacienda] también está […] Yo tengo copia de esa denuncia y del listado bancario”, aseguró.

Sin embargo, solo unos minutos después, la Fiscalía Anticorrupción respondió y echó por tierra su órdago. El ministerio público explicó que había recibido dos denuncias similares. Una de ellas era la del abogado Eduardo Martín-Duarte, que atribuía supuestas cuentas a, entre otros, María Jesús Montero; la exvicepresidenta tercera Teresa Ribera; el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; o el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Pero remachó que había archivado ambas tras estudiarlas. Según añadieron fuentes fiscales, no tenían ningún fundamento e incluían falsos números de cuentas bancarias. Pese a ello, el PP aprovechó la oportunidad para atacar al Gobierno y dar pábulo a estas denuncias. El portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, manifestó: “Que la señora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pueda tener cuentas en el extranjero con cantidades importantes de dólares, me parece muy, muy grave”.

Además de a la Fiscalía, el abogado Eduardo Martín-Duarte había enviado su denuncia a la comisión de investigación sobre el caso Koldo del Senado, controlada por la formación conservadora. Este organismo le dio trámite y acabó reenviándose al Supremo. El presidente de la comisión, Eloy Suárez (PP), se la trasladó al presidente de la Cámara alta, Pedro Rollán (PP). Y este, a su vez, se la remitió a Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del alto tribunal. Sin embargo, la Sala de lo Penal del Supremo no le ha dado finalmente ninguna credibilidad.