El Gobierno y la Generalitat de Cataluña sellarán hoy la nueva etapa de relaciones desde que Salvador Illa asumió la presidencia del gobierno catalán y lo visualizarán con nuevos acuerdos en el seno de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, que no se reunía desde 2022, y con la de la de Transferencias, que no lo hacía desde 2010. Las dos comisiones tienen previsto acordar este lunes en el Palau de la Generalitat que haya diferentes promociones de los Mossos d’Esquadra hasta alcanzar la cifra de 25.000 agentes de ahora hasta 2030. El Ejecutivo catalán ya anunció en octubre su disposición a revisar el techo de 22.000 policías que la Junta de Seguridad fijó en 2021. La medida va acompañada con un plan de choque para aumentar el número de jueces en Cataluña para, como mínimo, equipararlo a la media española.

Con esa doble medida, el Govern afrontará una de sus principales prioridades para hacer frente a los problemas de seguridad y reincidencia y no dar argumentos a la extrema derecha. Paralelamente, la Bilateral impulsará un consorcio de Inversiones previsto en los acuerdos de investidura con Esquerra que servirá para acelerar las mismas. El consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, está informando esta mañana a los grupos parlamentarios y a las patronales, sindicatos y entidades municipalistas del alcance de los acuerdos.

Presidida por Dalmau y el ministro de Política Víctor Torres, la Comisión Bilateral se reúne esta mañana en el Palau después de más de dos años de inactividad. Inmediatamente después, se celebrará la Comisión de Transferencias que no lo hacía desde hace 15 años cuando también los socialistas estaban en los dos lados de la mesa. La doble sesión, a la que se le ha querido dotar de un aire solemne, viene precedida por la normalización de las relaciones entre Salvador Illa y el líder de ERC, Oriol Junqueras, que se entrevistaron en el Palau el sábado.

Nuevo consorcio de inversiones

La histórica baja ejecución de las inversiones estatales en Cataluña es una de las críticas más recurrentes del independentismo y Esquerra Republicana llevaba tiempo intentando atar corto al Gobierno con mecanismos de control en la ejecución. El convenio de creación del consorcio de infraestructuras que hoy se alumbra en la Comisión Bilateral fue la última de esas fórmulas puestas sobre la mesa por los republicanos y pactada en el marco de la investidura de Salvador Illa.

La entidad será paritaria ente ambas Administraciones y su objeto, según el texto del pacto entre socialistas y republicanos, será la gestión y ejecución de las inversiones del Estado en territorio catalán. En 2021, según los datos oficiales del Ministerio de Fomento, Cataluña recibió 739,7 millones de euros del Gobierno central, el equivalente al 35,7% de lo comprometido en los Presupuestos Generales. Una cifra muy baja si se compara con el 67% de ejecución de las inversiones previstas por el conjunto del sector público estatal. O el superávit de 946 millones de euros adicionales que Madrid recibió, frente a lo que contenían las cuentas.

Según el pacto PSC – ERC del verano pasado, “se definirá un marco plurianual de financiación en el que se tenga como referencia, para dotarlo presupuestariamente, la media de inversión pública sobre el PIB en el conjunto del Estado”. Uno de los detalles que se conocerán este lunes es cómo el convenio que firmen ambas Administraciones recoge esa fórmula para evitar la menor ejecución de obras que se arrastra en Cataluña.

El PSOE y ERC ya habían pactado en su día, para la investidura de Pedro Sánchez, una “comisión de inversiones” mixta para acordar “la priorización y planificación de la actividad inversora y su seguimiento y ejecución”. Así se buscaba, además, exprimir el modelo de encomienda de gestión que permitía a la Generalitat asumir todo el proceso de diseño, licitación y ejecución de “las nuevas inversiones que no sean críticas para infraestructuras de interés general”