Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump se ha empleado a fondo en despojar de derechos a los migrantes. Una de las medidas recientes está dirigida a los más vulnerables. Un memorando de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha eliminado los cuidados especiales destinados a las mujeres embarazadas, bebés, ancianos y personas con afecciones médicas graves que estén en detención migratoria. Bajo el título Rescisión de políticas heredadas relacionadas con el cuidado y la custodia y con fecha de 5 de mayo, la carta está dirigida a los altos cargos de la agencia, que se encarga de detener y supervisar en primera instancia a los migrantes que llegan sin papeles a la frontera de Estados Unidos.

El comisionado Pete Flores firma la misiva, que anula otros memorandos establecidos durante la Administración de Joe Biden, porque considera que las políticas están “obsoletas” y que “no estaban alineadas” con las prioridades actuales de la agencia. El anterior Gobierno las desarrolló para solucionar las deficiencias encontradas en la atención proporcionada a los recién llegados.

Los agentes de CBP ya no tendrán que cumplir las directrices que les obligaban a atender las necesidades de los detenidos más vulnerables, entre ellas, facilitar el acceso al agua y alimentos para las embarazadas, garantizar la privacidad de las madres lactantes y almacenar pañales y fórmulas lácteas vigentes en los centros de detención, según reveló Wired.

La CBP ha sido objeto de críticas por la falta de atención y cuidados médicos adecuados que dispensa a los detenidos. Un informe publicado en enero sobre las condiciones en que se mantiene a los migrantes que están bajo su custodia destapó las deficiencias.

El informe descubrió problemas sistémicos como la falta de personal, la detención prolongada de niños, la falta de documentación y evaluación de los registros médicos, la orientación poco clara e inadecuada para el tratamiento de los menores y otras personas vulnerables, y el fracaso de CBP para realizar una supervisión significativa de su personal médico.

“Si bien se tomaron algunas medidas durante la Administración Biden, es necesario hacer más. La supervisión formal de la atención médica de la CBP podría terminar pronto sin intervención judicial. Ante el inicio de la agresiva e indisciplinada agenda antiinmigrante de la Administración Trump, insto a la CBP a adoptar estas recomendaciones. Debemos aumentar la supervisión, hacer más estricta la vigilancia y brindar una atención adecuada a las personas vulnerables, especialmente a los niños, bajo custodia del Gobierno”, señaló el senador demócrata por Illinois, Jack Durbin, que dirigió el estudio.

El informe resume una investigación que se realizó como consecuencia de la muerte de Anadith Danay Reyes Álvarez, una niña panameña de ocho años que falleció en un centro de detención del CBP en Harlingen, Texas, en mayo de 2023. La niña padecía anemia falciforme y cardiopatía. Había cruzado la frontera con su familia ese mismo mes y pasado nueve días bajo custodia de la CBP, muy por encima del máximo de 72 horas establecido.

El informe reveló que es común que los niños sobrepasen en exceso el tiempo que deberían quedarse en los centros de detención, lo que puede provocar daños físicos y mentales en los menores. En octubre de 2024, 832 niños estuvieron bajo custodia de la CBP durante más de siete días y 56 niños, más de 14 días.

Uno de los factores que contribuyó a la muerte de Anadith fue que el personal de servicios médicos no buscó atención de mayor nivel cuando su salud se deterioró, lo que incluía asegurar el transporte a un hospital o llamar a los servicios de emergencia.

El nuevo memorando de la actual Administración insta al personal de CBP a “seguir cumpliendo con todas las políticas y procedimientos establecidos con respecto a la atención médica y los requisitos establecidos en el Acuerdo de Flores”, que exige que a los niños se les proporcione un alojamiento seguro e higiénico.

El tratamiento dado a los menores migrantes por la Administración Trump ha recibido fuertes críticas por las organizaciones de derechos civiles. El Gobierno ha deportado a niños enfermos, separado familias e intentado eliminar el derecho a un abogado de los que cruzaron solos la frontera. Además, ha dificultado a los familiares hacerse cargo de la custodia de los menores no acompañados, lo que implica que tengan que quedarse más tiempo en los centros de detención federales.