Las declaraciones de la Administración Trump acerca del papel de EE UU en la seguridad del Viejo Continente no solo anticipan un nuevo orden geopolítico mundial. También plantean un desafío mayúsculo para la economía europea.

Diversos expertos consideran que, para suplir el vacío que amenaza con dejar la alianza atlántica (OTAN), las necesidades de inversión en Defensa superan el 1% del PIB anual de la Unión Europea. Un esfuerzo a realizar durante un periodo prolongado y que en el caso de España sería incluso más intenso, ya que en la actualidad nos situamos a la cola del ranking europeo. Todo ello en un contexto fiscal complicado, con un déficit público que supera ampliamente el umbral del 3% para la mayoría de los grandes socios comunitarios; particularmente Bélgica, Francia, Italia y Polonia. Alemania y España rondan ese umbral.

Semejante reto solo es asumible desde el punto de vista económico con tres condiciones, la primera siendo la elevación del multiplicador del gasto público en términos de inversión privada: tanto en España como en el conjunto de la UE, dicho multiplicador es notoriamente débil en comparación con las otras grandes potencias, como consecuencia de fallos institucionales y de carencias en la colaboración público-privada.

De no permear en el sector privado, el gasto público solo serviría de estímulo para las importaciones de armamento, algo que no es necesariamente coherente con el objetivo perseguido de reforzar la seguridad europea. El riesgo sería también de perpetuar el bajo crecimiento de la economía europea, que se percibe ya en las exportaciones españolas.

En segundo lugar, hoy por hoy los programas de Defensa son poco eficaces, por la atomización de una industria europea que ha operado al margen de las reglas de competencia, ya que la seguridad ha sido considerada como parte integrante del espacio de soberanía nacional.

El resultado es una dilución de los esfuerzos que realiza cada socio comunitario de manera aislada. Como la restructuración del sector, ineludible para alcanzar economías de escala, solo puede ser gradual, cualquier incremento del gasto en Defensa debería también producirse de forma progresiva. Y por la misma razón el esfuerzo de inversión debería mancomunarse, ya que la Defensa es un bien común amenazado por el giro estratégico norteamericano. La cuestión es cómo financiar este nuevo objetivo. A corto plazo, la propuesta de la Comisión de aprovechar los fondos Next Generation que no se han comprometido —cerca de 100.000 millones de euros, según Bruselas— resuelve las reticencias de algunos países de incrementar el presupuesto comunitario. Pero esta solución solo será efectiva en presencia de una gestión común orientada a modernizar el sector, no reproduciendo la actual atomización.

Finalmente, y pese a todo lo anterior, es muy probable que una buena parte de los recursos procedan de las maltrechas haciendas públicas nacionales. Bruselas se muestra favorable a la suavización de las reglas fiscales europeas, para que el aumento de la inversión en Defensa no compute a efectos de las obligaciones normativas, ni que los Estados se expongan a sanciones. Otra cosa es la percepción de los mercados, muy solicitados ante la necesidad de financiar la montaña de deuda que se ha acumulado a nivel global. Los bonos públicos cotizan ya aproximadamente 50 puntos básicos por encima de los niveles alcanzados en el otoño pasado. Trump ha prometido fuertes recortes de impuestos, y no le será fácil compensarlos con la brutal cura de adelgazamiento aplicada por Elon Musk, que amenaza con desorganizar la actividad de las administraciones.

En suma, para tener el efecto deseado, cualquier decisión política de elevar el gasto en Defensa debería integrar una reforma del funcionamiento del sector, y entrañar un fortalecimiento estructural de la economía europea, facilitando la financiación del esfuerzo inversor y posibilitando el consenso social.