La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Valencia (FAMPA-València), con el apoyo de la Confederación Gonzalo Anaya, ha denunciado ante el Síndic de Greuges que miles de alumnos menores siguen sufriendo, más de siete meses después de la dana, las consecuencias de la gestión institucional de la tragedia. “La situación descrita constituye una vulneración de los derechos fundamentales de la infancia reconocidos en la legislación nacional e internacional, por ello solicitamos su intervención urgente con el fin de garantizar el restablecimiento pleno de dichos derechos y poner fin a una situación de precariedad educativa y social que no puede prolongarse por más tiempo“, reclaman en el escrito.

La organización relata que aún hay centros escolares cerrados, alumnado desplazado fuera de su entorno educativo habitual, graves deficiencias en el servicio de transporte escolar, falta de recursos materiales y humanos, centros con obras aún pendientes de ejecución y una “preocupante” ausencia de apoyo emocional y psicosocial para el alumnado afectado, según recoge el documento presentado, que también se ha remitido al Ministerio de Infancia y Juventud.

Fampa explica que la dana del pasado 29 de octubre de 2024 provocó inundaciones catastróficas en varias comarcas de la provincia de València, con más de 75.000 viviendas resultaron dañadas y múltiples infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, etc.) quedaron inutilizadas. “En el ámbito educativo, el impacto fue devastador: aproximadamente 40.000 niñas, niños y adolescentes vieron interrumpida su educación debido al cierre temporal de centros escolares en las zonas afectadas, de los cuales más de 24.000 tuvieron que ser realojados provisionalmente en otros colegios o institutos”, añade la federación.

En total, 115 centros escolares (escuelas de educación infantil, colegios de primaria e institutos de secundaria) resultaron afectados total o parcialmente por las inundaciones. Algunos sufrieron daños menores y pudieron reabrir tras las labores de limpieza; pero un número importante de instalaciones quedaron en condiciones catastróficas, sin posibilidad de uso inmediato.

Más de siete meses después, Fampa denuncia que la administración autonómica sigue sin haber comunicado públicamente un plan integral de recuperación, ni siquiera a través de los órganos de representación de la comunidad educativa. “A esta ausencia de planificación se sumó un discurso institucional que hablaba de una supuesta ‘vuelta a la normalidad’, cuando dicha normalidad no existía. Muchos centros apenas pudieron reabrir de forma parcial y en condiciones claramente precarias. En algunos casos, incluso se permitió su reapertura sin haber garantizado previamente la limpieza, la salubridad ni unas condiciones mínimas de seguridad, obligando a familias y docentes a asumir por su cuenta tareas básicas de acondicionamiento”, advierte el escrito.

Fampa insiste en que entre los efectos de esta gestión deficiente, se han documentado casos de alumnado reubicado en otros centros educativos que, debido a la falta de espacios y recursos, han recibido clases en el suelo. También se han registrado aulas que superaban con mucho la ratio de alumnado establecidas.

Las inspecciones técnicas necesarias para verificar el estado estructural o sanitario de los centros no se realizaron con la rapidez ni el rigor exigibles, añaden desde Fampa, lo que prolongó la inseguridad y la incertidumbre sobre la idoneidad de los espacios educativos. Al mismo tiempo, muchos de los centros afectados que han visto como parte de su alumnado retornaba a sus instalaciones, lo han hecho a la vez que amplios trabajos de reconstrucción se desarrollaban en los mismos, debiendo convivir obras de gran calado con actividad docente, haciendo muy difícil la atención educativa y el derecho a la educación de este alumnado y generando situaciones de riesgo innecesarias (por ejemplo, circulación de maquinaria de obra por la misma puerta de acceso y a la misma hora que el alumnado), describen.

En concreto, 13 colegios de la provincia de Valencia han sufrido daños estructurales tan graves que requieren ser reconstruidos por completo o sustituirse temporalmente mediante aulas prefabricadas, así que permanecerán cerrados durante todo el período lectivo 2024-2025, y previsiblemente el próximo curso.

El presidente de FAMPA-Valencia, Rubén Pacheco, ha declarado en un comunicado que el derecho a una educación digna, segura y en igualdad de oportunidades “está siendo vulnerado cada día”, por lo que piden al Síndic que se investiguen los hechos y se tomen medidas urgentes.

La denuncia se refiere a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Española y la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad Valenciana, y pone énfasis en la necesidad de que el principio del interés superior del menor guíe todas las actuaciones públicas.

FAMPA hace un llamamiento a toda la sociedad, entidades educativas e instituciones a sumarse a esta reivindicación para garantizar una respuesta a la altura de la gravedad vivida y evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro.