Cuatro meses y medio después de la mayor catástrofe que ha asolado la Comunidad Valenciana, la dana que dejó 228 muertos y un reguero de destrucción, un juzgado ha dado este lunes el primer paso para investigar a sus responsables políticos. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, ha citado a declarar en calidad de imputada a Salomé Pradas, exconsejera de Interior y Justicia del Gobierno de Carlos Mazón, del PP, que permaneció frente al dispositivo de emergencias durante la riada, según un auto notificado este lunes. Pradas fue destituida por Mazón cuatro semanas después de la tragedia.

La magistrada también ha decidido imputar al exsecretario autonómico de Emergencias de la Generalitat Emilio Argüeso, y ha rechazado citar como investigado a Mazón, “sin perjuicio de que pueda solicitarlo voluntariamente”, según la resolución.

Para justificar las imputaciones –Pradas y Argüeso ya no son aforados-, la jueza destaca que la exconsejera era la “máxima autoridad” en la adopción de “medidas de autoprotección de la población” durante las colosales inundaciones. Y su declaración tiene “relevancia orgánica y por ende decisoria”. La instructora todavía no ha fijado fecha para sus citaciones.

La magistrada recuerda que el envío del sistema de alerta masivas a móviles Es-alert, que se remitió desde el Cecopi –el centro de emergencias de la Generalitat- a las 20.11 horas, cuando ya había decenas de fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas en garajes y plantas bajas, fue “tardío y erróneo”. Según la instructora, la dana “no fue un fenómeno meteorológico imprevisto”, ya que su avance fue anunciado por la Agencia Española de Meteorología (Aemet), “hasta el punto de que la Universitat de València acordó la suspensión completa de sus actividades”.

La jueza estima que el Cecopi se debió convocar la mañana del 29 de octubre para “avisar a la población” de la magnitud de la riada. Y, sin embargo, el dispositivo de emergencias arrancó a las 17.00 horas de la fatídica jornada, cuando el 112, el servicio telefónico de emergencias de la Generalitat, ya recibía decenas de llamadas de desesperación de municipios como Chiva o Cheste que advertían del desbordamiento del barranco del Poyo, detonante de la tragedia. Tras cuatro meses de evasivas, Mazón reconoció que desembarcó en el Cecopi a las 20.28 horas, 17 minutos después del envío de la alerta a móviles.

La instructora ha elevado a 225 personas el número de fallecidos tras las inundaciones, que se suman a los tres desaparecidos, después de incorporar a las diligencias el caso de una mujer con leucemia, requería transfusiones de sangre y asistencia respiratoria con oxígeno. Y falleció en el Hospital de La Fe de Valencia el pasado 12 de noviembre.

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