“Bochorno y esperpento”, “golpe mortal”, “delirio independentista”. Los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones de guardias civiles han subido este martes los decibelios contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para mostrar su completo rechazo al acuerdo entre PSOE y Junts para delegar competencias de migración a Cataluña, y la gran mayoría ha reclamado que asuma su responsabilidad como máximo responsable de las políticas de Interior, dimitiendo. La mayoría de los representantes de los agentes de estos dos cuerpos han cuestionado la legalidad del acuerdo y han criticado la iniciativa por ser fruto de un pacto político y no estar enmarcada en políticas de seguridad. Sus comunicados y declaraciones inciden en la sensación de desmantelamiento paulatino que tienen los 6.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que trabajan en Cataluña y se cuestionan en qué situación quedarán si la iniciativa, que todavía tiene que pendiente un recorrido parlamentario, si entra en vigor. El ministerio del Interior no ha realizado valoraciones tras hacerse público el acuerdo. Grande-Marlaska ha suspendido su agenda durante dos días por un problema de salud, “una infección bacteriana que no reviste gravedad”, según fuentes de Interior, pero que le ha obligado a suspender su actividad pública.

El pacto, que se ha negociado durante más de un año y se ha registrado en el Congreso en forma de proposición de ley, supone que el Estado delega en la Generalitat el control de fronteras para la devolución de inmigrantes, además de los permisos de residencia y el control de los centros de internamiento de extranjeros. Frente a las críticas, también desde de la oposición, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, ha defendido que el acuerdo es legal. “Se aplica con la Constitución Española en la mano”, ha afirmado.

Los sindicatos policiales con mayor representación, Justicia Policial (JUPOL) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), han anunciado su intención de llevarlo a los tribunales. “Son competencias blindadas constitucionalmente, muy sensibles y estratégicas de cualquier Estado”, ha subrayado el portavoz de JUPOL, Ibón Domínguez. El sindicato ha asegurado que sus servicios jurídicos ya estudian la situación para intentar revertir esta situación, en el caso de que entre en vigor, ya que todavía no se sabe si cuenta con todos los apoyos parlamentarios. Ya anoche, antes de que se conociera el contenido, la formación mostró su indignación ante lo que consideran un “nuevo ataque frontal al Estado de derecho, una vulneración de la Constitución y un paso más en el desmantelamiento de la presencia de la Policía Nacional en Cataluña”.

El SUP ha insistido en que se trata de una medida inconstitucional. “La seguridad de la población no puede formar parte de ningún intercambio de apoyos políticos”, ha destacado su portavoz, Nadia Pajarón, que ha hablado de una “hoja de ruta diseñada por Junts con el Gobierno indignante y manifestamente ilegal”. “La Constitución española es meridianamente clara en cuanto a la protección de nuestras fronteras en sus artículos 149 y 150, y el propio Ejecutivo la estaría vulnerando”, ha añadido. El artículo 149 recoge la “competencia exclusiva” del Estado sobre una serie de materias, entre ellas la “nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo”, mientras que el 150, establece la posibilidad “de transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”.

La Confederación Española de Policía (CEP) ha hablado de “golpe mortal” para los cometidos de la Policía Nacional en Cataluña, mientras que Unión Federal de Policía (UFP) ha incidido en que la situación puede generar descontro: “Asignar la misma competencia a distintos cuerpos policiales es un despropósito operativo que solo generará descoordinación y conflictos funcionales”. “Ahora, se impone una estructura paralela en Cataluña que no hará, sino multiplicar errores y problemas”, lamenta. Esta formación también ha planteado dudas sobre quién terminará resolviendo los expedientes de expulsión, si la Delegación del Gobierno o del Departamento de Interior catalán.

Las principales asociaciones de la Guardia Civil, la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) y Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) consideran que supondrá un desmantelamiento del cuerpo policial en Cataluña. JUCIL recuerda que ya han recurrido otros acuerdos en los tribunales, como el traspaso de las competencias en protección de la naturaleza, acordado el pasado diciembre en la Junta de Seguridad de Cataluña, y que consideran nulo y que actuarán en consecuencia con el acuerdo migratorio.

AUGC ha señalado al ministro Marlaska y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, como “partícipes directos” de la situación. “En su posición está presentar la dimisión de manera inmediata para intentar frenar este atropello a las competencias del Estado y al desmantelamiento de la Guardia Civil”, han añadido. Para AUGC esta cesión supone una “gravísima irresponsabilidad” y un “ataque directo” al papel de la Guardia Civill. “Mostramos nuestro total rechazo a este acuerdo, que no responde a criterios de eficacia ni de mejora del servicio, sino a un nuevo intercambio de favores políticos que solo beneficia a quienes llevan años trabajando para debilitar la presencia del Estado en Cataluña”, han remarcado.

La Plataforma de Policías Nacionales y Guardias Civiles, que integra a dos organizaciones de policías y de guardias civiles, ha llamado a consensuar cualquier medida como la acordada por PSOE y Junts. En un comunicado, ha destacado que: “La legislación europea establece claramente que la gestión de la extranjería y la protección de las fronteras comunes es competencia de los cuerpos estatales de seguridad, garantizando un control uniforme en todos los países miembros. Cualquier medida que pueda alterar este equilibrio debe ser evaluada con rigor, considerando su impacto en la seguridad y el marco jurídico comunitario”.