A diferencia de Columbia, que accedió a la primera andanada de exigencias de la Administración republicana para recuperar la financiación federal, la Universidad de Harvard se ha plantado este lunes ante las demandas de la Casa Blanca, y eso que se juega mucho más que su par (400 millones) en el pulso: la institución de Cambridge (Massachusetts) puede ver congelados 9.000 millones de dólares en subvenciones y contratos federales si no se pliega a las imposiciones de Washington. Al menos siete prestigiosas universidades de EE UU están en el punto de mira de Trump a las que acusa de supuestamente permitir manifestaciones antisemitas en sus campus (o alentar el ideario woke, como las de Harvard y Pensilvania). De ahí la amenaza de congelar la financiación federal, para obligarles a implementar medidas que para muchos son una forma de yugular la libertad de expresión y académica.

La Administración republicana estudia la retirada de 256 millones de dólares en contratos federales para Harvard, y otros 8.700 millones de dólares en lo que describió como “compromisos de subvenciones plurianuales”.

Las exigencias de Washington van desde la reforma del sistema de admisión a la contratación del profesorado —o el diseño de temarios sensibles, como los relacionados con Oriente Próximo y la cuestión palestina—, pasando por la regulación de las protestas en los campus. Para Harvard, se trata de demandas ilegales y sin precedentes, pero la negativa de la prestigiosa universidad, la más rica del país, la coloca en la línea de tiro. Harvard, y el resto de sus pares, dependen en gran medida de la financiación federal, además de los donantes privados. Columbia, que aún no ha resuelto el contencioso con Washington pese a sus cesiones, era el faro para las universidades de todo el país, una especie de hoja de ruta para manejarse con la Administración republicana, que en Harvard ya tiene su primera víctima propiciatoria.

Una carta enviada el viernes a Harvard por la Administración de Trump exigía que la Universidad recortara el poder y la voz de los estudiantes y miembros del profesorado en los asuntos de la universidad; la denuncia inmediata —la delación— a las autoridades federales de los estudiantes extranjeros que cometieran infracciones de conducta; y que contratara a terceros para garantizar que cada departamento académico tuviera “diversidad de puntos de vista”. Expresamente, se indicaban la eliminación de las llamadas iniciativas DEI (siglas en inglés de diversidad, equidad e inclusión, epítome de lo woke para Trump) y la detección —es decir, el señalamiento— de estudiantes internacionales “que apoyan el terrorismo y el antisemitismo”. Más o menos, los mismos requisitos que planteó a Columbia en marzo, como por ejemplo, la contratación de un supervisor externo del Departamento de Estudios de Oriente Próximo, en el que se incluye el Centro de Estudios Palestinos. La claudicación no la ha protegido de la retirada de fondos; al contrario, el Gobierno se plantea la posibilidad de ponerla bajo tutela federal.

“Ningún gobierno, independientemente del partido que esté en el poder, debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden llevar a cabo”, ha dicho este lunes Alan Garber, rector de Harvard, en un mensaje oficial a la comunidad universitaria. Los abogados de Harvard respondieron a la carta de la Administración que la universidad “no está dispuesta a aceptar exigencias que van más allá de la autoridad legal de esta o cualquier Administración”.

“Aunque algunas de las demandas esbozadas por el Gobierno están dirigidas a combatir el antisemitismo, la mayoría representan una regulación gubernamental directa de las condiciones intelectuales en Harvard”, añadió Garber sobre los programas y políticas inclusivos, contrarios, según el presidente, a “los valores e instituciones estadounidenses inscritos en la Constitución y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos”. Este mismo lunes, con ocasión del inicio de la Semana Santa, la Casa Blanca ha emitido un mensaje de Trump en el que este reitera la promesa de su Administración de “defender la fe cristiana en nuestras escuelas, fuerzas armadas, lugares de trabajo, hospitales y sedes gubernamentales. Nunca flaquearemos en la salvaguarda del derecho a la libertad religiosa, la defensa de la dignidad de la vida y la protección de Dios en nuestro espacio público”.