Cada mes, desde hace dos años, Camilo Beltrán le escribía un mensaje Carolina Botero, representante a la Cámara por Risaralda. Insistentemente, le preguntaba en qué iba el proyecto de ley para proteger a los huérfanos por feminicidios. Como sus dos sobrinas, las hijas de Leidy, a quien su pareja asesinó en 2022. Él se ha hecho cargo de las dos niñas. Se convirtió su principal cuidador sin planearlo, con su sueldo de profesor se ha hecho cargo de los gastos de las dos menores, a quienes apoya a la vez para enfrentar el duelo. El suyo fue uno de los testimonios que llevaron a Botero a radicar el proyecto, que busca ayudarlos a enfrentar esa situación, a la vez que protege a esas víctimas echadas al olvido. Este miércoles, tras un trabajoso trámite legislativo, el Congreso de la República aprobó en último debate esa iniciativa, a la que solo le faltan la conciliación y la firma presidencial para convertirse en ley.

En Colombia no hay cifras oficiales de feminicidios, y mucho menos de quienes quedan huérfanos por esos crímenes. Pero, en paralelo a la violencia machista, medra esa otra crisis humana. De acuerdo con el Observatorio de Feminicidios, que hace su recuento de casos a partir de nota de prensa, en la última década al menos 23.000 niñas y niños han perdido a sus madres por esa violencia. Usualmente, quedan en total desamparo, sin sus principales cuidadoras y bajo la protección de familiares que no estaban preparados para ello, o de las instituciones del Estado. La mayoría, además, fue víctima o testigo de la violencia que suele anteceder los asesinatos.

Botero radicó el proyecto junto a las familias en mayo de 2023 y avanzó lentamente. Los familiares sentían que la dinámica legislativa priorizaba otros asuntos. Camilo fue muchas veces al Congreso, e incluso ausentándose de su trabajo. Iba solo o acompañaba a otras víctimas solo para ver que los representantes o los senadores aplazaba la discusión. Aun así, dice, su optimismo lo mantenía en pie.

Asistencia psicológica y apoyo educativo

Camilo ha aumentado sus horas de trabajo diarias para pagar los uniformes, los libros y el sostén diario de sus dos sobrinas. Señala que no le importa, pero cuando las crisis económicas arrecian, también lo hacen las preocupaciones y la sensación de injusticia con las dos niñas. “Para nosotros como familia es muy importante que se apruebe. Es un primer paso para que quienes hemos pasado por este caos, sean amparados, que al fin se piense en los niños que quedaron en doble orfandad”, sostiene.

El articulado estipula que estos niños, niñas y adolescentes tendrán un acceso preferencial a programas de educación y a atención psicosocial y del manejo del duelo, adicional a una asistencia económica periódica. La edad máxima para acceder a estos beneficios es de 25 años. Los encargados del diseño, la implementación y el seguimiento quedarán en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), los ministerios del Interior, Justicia e Igualdad, y de la Fiscalía, que deberán presentar un informe de los avances al inicio de cada legislatura.

Mientras esperaban la respuesta del Congreso, las cuidadoras de huérfanos por feminicidio decidieron agruparse y crear un colectivo con ese nombre. Su intención incluye difundir información y brindarse apoyo entre sí, hacer lo que el Estado no ha hecho.