“La gente no duerme. Hace frío por la noche. No conseguimos medicamentos. Me sale sangre de la garganta. Todos tienen problemas estomacales debido a la comida y la falta de nutrición. No tenemos acceso a agua limpia, hace calor y huele a químicos”. Este es el testimonio de una persona no identificada que se encuentra en el Centro de Procesamiento de Servicios de El Paso (EPSPC, por sus siglas en inglés), un centro de detención de inmigrantes en Texas donde, según un reciente informe de Amnistía Internacional, se están cometiendo graves abusos contra los derechos humanos en plena campaña de detenciones y deportaciones masivas de la Administración Trump.

El documento, redactado después de una visita de esa organización al EPSPC en abril pasado, revela que las condiciones del lugar son deplorables y que “violan las normas de detención estadounidenses e internacionales”. Durante el recorrido, las personas entrevistadas denunciaron abusos físicos y verbales cometidos por los guardias de seguridad. También se quejaron de que se encuentran conviviendo en espacios insalubres y sobrepoblados, que la atención médica es inadecuada, que los alimentos que les hacen comer están caducados y que los inodoros no funcionan, entre otras cuestiones.

En el país hay unos 140 centros de detención de inmigrantes. Todos están en su máxima capacidad: hasta el cierre de abril, había unas 49.000 personas recluidas en ellos. La cruzada antinimigrante del Gobierno de Donald Trump ha causado una crisis de sobrepoblación en estas instalaciones, llevándolas un 18% por encima de su capacidad, lo que ha provocado que las condiciones dentro se deterioren.

En el centro de El Paso, el informe de Amnistía Internacional hace hincapié en los abusos cometidos contra los migrantes venezolanos, muchos de los cuales fueron detenidos sin pruebas y acusados de ser miembros de la pandilla El Tren de Aragua, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros invocada por el presidente Donald Trump. Según el documento, estos venezolanos “son abusados físicamente de manera desproporcionada por los guardias, puestos en confinamiento solitario y designados como enemigos extranjeros simplemente por su nacionalidad y tatuajes”. Un hombre identificado como Alejandro contó, por ejemplo, que un guardia lo atacó por haberse negado a jugar fútbol. Aseguró que fue tirado al suelo y pateado repetidamente, por lo cual sufrió lesiones en la cabeza y en la espalda.

Por otra parte, el informe destaca que el EPSPC no garantiza que los inmigrantes tengan acceso a servicios legales básicos ni al debido proceso, a pesar de que esta es una de las normas de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La mayoría de los entrevistados dijo no contar con representación legal ni tener acceso regular a ninguna vía de orientación jurídica. Varios de ellos ni siquiera cuentan con información sobre sus respectivos casos.

Sobre la atención médica, un mexicano relató que el lugar solo tiene personal de enfermería, y que a veces ha tenido que esperar hasta tres semanas para obtener sus medicamentos. Alguien más afirmó que solo les permiten acudir a la enfermería entre las cinco y las seis de la tarde. Otra persona que sufre de colesterol y presión arterial altos denunció que, por falta de tratamiento, comenzó a sufrir padecimientos físicos que terminaron en una úlcera gástrica. “Esta no es manera de vivir. Solo queremos tener una idea de qué está ocurriendo y de cuáles son nuestras opciones”, afirmó una persona. “Preferiría ser deportado que estar aquí indefinidamente”, dijo otra.

Respecto a la manera en que fueron detenidos los inmigrantes, el texto señala que, en su mayoría, el proceso ocurrió de forma arbitraria y “plagada de violaciones” a sus derechos. Asimismo, asegura que las autoridades del lugar suelen amenazar a los detenidos con enviarlos a prisiones en El Salvador o a la Base Naval de Guantánamo, lo cual constituye una “táctica de miedo, intimidación o medida disciplinaria”.

En realidad, según los testimonios recogidos, varios inmigrantes han sido enviadas ilegalmente a dichos lugares. “Simplemente llaman a la gente para que salga de sus dormitorios en medio de la noche y luego no los vuelves a ver”, narró un venezolano. “Hemos enviado dos aviones con personas a El Salvador. A veces tenemos que transportar detenidos de otras partes del país porque no queremos malgastar el dinero de los contribuyentes y necesitamos asegurarnos de que estén a plena capacidad”, manifestaron las autoridades del EPSPC al ser cuestionadas sobre este tema.

Amnistía Internacional concluyó que el centro no cumple con las normas globales de detención pautadas por las Naciones Unidas, ni siquiera con las normas locales pautadas por el ICE. También subrayó su preocupación por todo lo que ocurre en este lugar y recomendó al Congreso norteamericano que no financie un sistema de detención y deportación masiva “que viola el derecho y las normas internacionales”.