El alcalde de Santa Pola (Alicante, 38.556 habitantes) entre 2003 y 2015, el popular Miguel Zaragoza, enchufó a su hermana Pilar, entre otros familiares, amigos y afines al PP, en una clínica privada localizada en unas instalaciones municipales, a la que no cobraba canon alguno ni alquiler. Así lo ha determinado la sección undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, que ha condenado a seis años y medio de prisión al ex primer edil santapolero, por los delitos de prevaricación administrativa en concurso con fraude y cohecho. Su cuñado, también concejal del consistorio, y los médicos que gestionaban el consultorio sanitario han recibido las mismas penas, mientras que Pilar Zaragoza deberá afrontar dos años y tres meses de cárcel como cómplice de cohecho.

El fallo judicial se conoce más de un año después de que tuviera lugar el juicio, impulsado por la Fiscalía Anticorrupción después de que el Ayuntamiento, que sigue en manos del PP, desestimara ejercer la acusación. Según la sentencia, Zaragoza y Perelló eximieron a la clínica Gran Alacant del pago de cualquier tipo de cuota, como renta por arrendamiento o suministros de agua o de luz. Tampoco le cobraron un canon anual como adjudicatarios de servicios municipales, entre los que destacaba el servicio de seguimiento de bajas por incapacidad temporal de los funcionarios. A cambio, los médicos titulares de la clínica, Fernando Gómez Soler y Manuel Rodríguez Bernal, se comprometían a contratar a un auxiliar administrativo designado desde la Alcaldía.

El mercado de enchufes promovido por Zaragoza y Perelló continuó creciendo. Los magistrados consideran probado que los políticos condenados se aprovecharon de su “posición como dirigentes del ayuntamiento para obtener provecho” de la clínica, que se convirtió en un centro de acogida de empleados enviados por Zaragoza. El caso más flagrante fue el de Pilar Zaragoza, contratada en el centro sanitario, sin que apenas dejara rastro de su trabajo. Según el fallo judicial, la hermana y esposa de los condenados dejó de acudir a su puesto “consciente de que ninguna consecuencia negativa sufriría por ello”, dice el dictamen judicial, pese a lo cual, siguió percibiendo su salario religiosamente cada mes “a cambio de que [a los médicos] no se les exigiera el cumplimiento de las restantes obligaciones contractuales”.

El fallo condena a Zaragoza a dos años de cárcel por prevaricación y 4,5 por cohecho, la misma pena recibida por Perelló y por los dos médicos, estos últimos considerados cooperadores necesarios. También deberán indemnizar conjunta y solidariamente al consistorio santapolero con 109.371 euros, en concepto de todos los ingresos que el ayuntamiento no recibió por las irregularidades cometidas en la contratación de la clínica, de los que la empresa encausada ya ha abonado 13.022 euros.

El centro sanitario Gran Alacant estará inhabilitado durante cuatro años para obtener ayudas y subvenciones, contratos en el sector público o beneficios fiscales o de la Seguridad Social. Finalmente, Pilar Zaragoza deberá pasar dos años y tres meses, junto al pago de una multa, como cómplice del cohecho, según la sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. Han quedado absueltos otros tres ediles, Loreto Cascales, Francisco Martín y Antonio Martínez.

La causa de la clínica Gran Alacant es la segunda que surge tras una serie de denuncias interpuestas contra la gestión municipal de Zaragoza. La primera fue la supuesta adjudicación irregular de un contrato de uniformes, en el que todos los acusados salieron absueltos. Los presuntos casos de horas extras a la Policía Local y de la ONG Icnelia fueron archivados. Siguen bajo instrucción otras dos supuestas ilegalidades cometidas desde el consistorio.