La presidenta, Claudia Sheinbaum, y el Congreso mexicano, de mayoría oficialista, ha desatado una nueva e incipiente batalla jurídica contra el Instituto Nacional Electoral (INE) en la recta final de la elección judicial. El oficialismo busca revertir las reglas del juego que ellos mismos impusieron a la hora de legislar la reforma constitucional al Poder Judicial, con su punto más delicado, la elección de jueces, magistrados y ministros. La mandataria, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, respectivamente, junto con un puñado de figuras afines a Morena, han presentado sendos recursos de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en un intento por romper el candado del INE que, sustentado en la ley, impide que los tres órdenes de gobierno y cualquier servidor público promuevan los comicios del 1 de junio. En 59 días, en un hecho inédito, los ciudadanos saldrán a las urnas para elegir entre 3.422 candidatos a 881 cargos de impartición de justicia.

El oficialismo en el parlamento se ha ido por la libre. La resistencia del bloque opositor para acatar la ley lo ha bañado de críticas por ser el autor de las reglas que hoy impugna. “Tenemos una reforma reciente en la que los propios legisladores le dan al INE facultades específicas y una de ellas es el deber de garantizar la equidad en el desarrollo de las campañas entre todas las personas candidatas”, refiere Claudia Zavala, consejera electoral del INE. El bloque oficialista aprobó las reglas del juego de la reforma constitucional y las reafirmó en sus leyes reglamentarias. “El artículo 506 de la ley electoral prohíbe el uso de recursos públicos para fines de promoción y de propaganda relacionados con este proceso de elección y lo remiten al artículo 134 de la Constitución”, defiende la consejera ante la iniciativa del oficialismo, que ha criticado con insistencia la aplicación de las enmiendas.

El Consejo General del INE aprobó este lunes, por mayoría de votos, el acuerdo que ata de manos y pies a los servidores públicos y a las autoridades o instituciones públicas para utilizar recursos del erario en la promoción del voto, la participación ciudadana en la elección o para crear espacios para la difusión de los perfiles de las candidaturas. “El INE es la autoridad del Estado mexicano que cuenta con las atribuciones exclusivas para la ejecución de actividades tendientes a la promoción del voto y de la participación ciudadana en el contexto del actual proceso electivo”, se lee en el acuerdo. “Están en todo su derecho [de impugnar], el tribunal tendrá que analizar la reforma, ya emitimos el acto de autoridad. Diremos cuáles son los artículos que nos imponen estos deberes”, añadió Zavala.

El Tribunal Electoral tendrá la última palabra para resolver la incipiente polémica que surge en pleno inicio de la carrera de 60 días de campañas que han emprendido desde este domingo los aspirantes a jueces, magistrados y ministros. “Nosotros tenemos un deber, que la promoción del proceso electoral sea en términos imparciales y neutros”, refiere la consejera Zavala. Sheinbaum ha sido la primera en saltarse las restricciones promocionando el proceso en su gira de este fin de semana por el norte del país, a pesar de la prohibición del árbitro electoral, bajo el argumento de que no ha sido notificada sobre las limitaciones.

La presidenta ha sido también la primera en interponer el recurso ante el TEPJF. Las impugnaciones en contra del acuerdo del INE suman 29 hasta la tarde de este miércoles y provienen de figuras afines al oficialismo. La Cámara de Diputados, Morena, Loretta Ortiz, ministra de la Corte y candidata al mismo cargo, así como Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México. Ellos son parte de los nombres que figuran en la lista de quienes han interpuesto los recursos jurídicos ante el máximo tribunal en materia electoral y se siguen sumando. El Senado, representado por Fernández Noroña, anunció que entregará el recurso el lunes próximo.