EFE.- El gobierno de Pakistán confirmó este jueves que el ex primer ministro Imran Khan, encarcelado desde hace más de dos años, fue sometido a una intervención ocular realizada sin notificar a su entorno, un procedimiento que ha disparado la alarma de su partido, que teme que el líder opositor pueda quedarse ciego en prisión.
El ministro de Información, Attaullah Tarar, reveló hoy al canal de televisión paquistaní Geo News que Khan fue sacado de su celda en la cárcel de Adiala el pasado sábado por la noche y trasladado a un hospital de Islamabad, sin notificar a su familia ni a sus abogados.
Según el gobierno paquistaní, el ex primer ministro, fue sometido a “un procedimiento médico de 20 minutos” tras el que volvió a ser trasladado a la cárcel.
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“Durante el procedimiento médico, sus signos vitales permanecieron estables. Está sano”, añadió Tarar.
El Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) respondió enseguida para asegurar que el procedimiento médico fue realizado sin la autorización de la familia del líder opositor o el conocimiento de sus abogados.
“El ex primer ministro Imran Khan fue trasladado de la cárcel de Adiala a un hospital para recibir tratamiento médico sin previo aviso a su familia, asesores legales o representantes políticos”, se lee en el comunicado oficial del portavoz del PTI, Syed Zulfiqar Bukhari.
El PTI sostiene que las autoridades no han proporcionado detalles verificables sobre el estado de salud del opositor, sobre el tratamiento administrado, sobre los especialistas involucrados ni sobre la justificación de su inmediato regreso a prisión.
El partido asegura haber obtenido información de terceros que sostienen que la exestrella de críquet convertida en político, de 72 años de edad, padece una “oclusión de la vena central de la retina” (CRVO).
Esta patología puede provocar un bloqueo del flujo sanguíneo en el ojo que, si no se trata con seguimiento especializado y constante, deriva en una pérdida permanente de la visión, asegura.
Ante la posibilidad de que el líder más popular del país se deteriore bajo custodia estatal, su partido ha solicitado formalmente la vigilancia de las misiones diplomáticas extranjeras, advirtiendo de que la denegación de acceso a la familia viola los derechos humanos básicos del detenido.