El Ministerio de Trabajo cree que el dictamen del Consejo Económico y Social (CES) sobre el anteproyecto de ley de reducción de jornada “respalda” sus posiciones. El texto del órgano consultivo del Gobierno en materia laboral ha sido aprobado en el pleno de este miércoles, con 57 votos a favor y solo dos en contra (de representantes de los sindicatos CIG y ELA). Su contenido es conocido desde este lunes, pero hasta este miércoles el ministerio no lo ha analizado en profundidad. El departamento que dirige Yolanda Díaz dice que “tomará en consideración las aportaciones independientes del CES, como no puede ser de otra manera”. Esto quiere decir que se abre a introducir cambios técnicos en el anteproyecto, por ejemplo en desconexión digital. Serían modificaciones menores, que no alterarían lo sustancial de la norma.

“El Ministerio de Trabajo y Economía Social agradece, en primer lugar, la labor fundamental del Consejo Económico y Social y el apoyo prácticamente unánime, al texto del Anteproyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, el registro de jornada y el derecho a la desconexión que ha votado hoy en sesión plenaria y que reconozca explícitamente la importancia de que se produzcan avances en la reducción de la jornada laboral”, interpreta el ministerio. La valoración del CES del anteproyecto es positiva en algunos aspectos. Por ejemplo, reconoce la “importancia de que se produzcan avances en la reducción de la jornada laboral”, pero a la vez critica al Gobierno por una justificación económica “insuficientemente fundamentada”.

“Este respaldo permitirá impulsar la aprobación de una medida que beneficiará a unos 12 millones de personas trabajadoras, especialmente a las más vulnerables laboralmente y actualizar una jornada laboral semanal máxima que ha permanecido invariable durante más de 40 años pese a la indiscutible evolución tecnológica y de la productividad”, agrega Trabajo. El CES se compone de 60 miembros: 20 consejeros patronales, 20 sindicales y otros 20 de distintos ámbitos (seis a propuesta del Gobierno, tres de asociaciones agrarias, otros tres de colectivos pesqueros, cuatro de la economía social…).

Entre los cambios propuestos por el CES, uno de los que Trabajo acoge de forma positiva refiere a la desconexión digital. “La definición del deber empresarial de garantizar el derecho a la desconexión se formula en el anteproyecto de una forma cerrada, mediante la expresión se concreta en. Al respecto, el derecho a la desconexión puede tener manifestaciones más amplias por lo que sería aconsejable aclarar la redacción en el sentido de que la misma tiene un sentido solo ejemplificativo”, indica el dictamen. El ministerio señala a este cambio como uno de los que podrían materializar en la norma, que volverá en breve para una segunda aprobación en el Consejo de Ministros, antes de enfrentarse al trámite parlamentario

Asimismo, el ministerio quita importancia a las críticas sobre la “premura” con la que se ha reclamado al CES un dictamen. Subraya que es una queja habitual en cada dictamen y que han respetado el plazo, incluso extendiéndolo más de lo exigible. Y también contrapone la protesta del CES sobre la “insuficiente” justificación económica de la reforma: en el departamento de Díaz señalan que no hay consenso entre los expertos al respecto y que un pronóstico optimista podría haber sido tachado como partidista.

“En relación con las trabajadoras al servicio de los hogares, el CES opina que el anteproyecto debiera disponer expresamente que el nuevo artículo 34 bis [referente al registro horario] resulta plenamente aplicable a estas trabajadoras. Se trata de asegurar con ello el cumplimiento de la doctrina del TJUE, que establece que la exclusión de la obligación de registro horario que viene aplicándose en España a las personas trabajadoras a tiempo parcial del servicio doméstico […] es contraria a la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo”, agrega el CES en su dictamen. En el ministerio también han manifestado su intención de valorar esta recomendación, aunque sin concretar en qué sentido.

“Desde el Ministerio también queremos agradecer la labor de los agentes sociales. Organizaciones sindicales y empresariales han contribuido a enriquecer una norma que, tras su paso por las cámaras parlamentarias, mejorará decisivamente los derechos laborales de nuestro país”, añade el ministerio de Díaz, que sigue negociando con los grupos políticos para que la reducción de jornada de 40 a 37,5 horas sea una realidad. El voto clave es el de Junts, que aún no ha aclarado su posición, como tampoco lo ha hecho el Partido Popular.