La insurrección iniciada por hombres armados vinculados al antiguo régimen en las provincias costeras de Siria, seguida de la represión de las fuerzas de seguridad y las matanzas de civiles perpetradas por estas, amenazan con hacer saltar por los aires la precaria transición en Siria y abocar al país al caos y la violencia sectaria, apenas tres meses después del derrocamiento de Bachar el Asad y el acceso al poder de los antiguos rebeldes comandados por el islamista Ahmed al Shara.

Los muertos desde el jueves se cuentan por cientos, y probablemente superan el millar. Según fuentes citadas por Al Jazeera, las bajas de las fuerzas de seguridad y militares gubernamentales ascienden a 231. El número de insurrectos muertos —en su mayoría milicianos y militares del Ejército de Asad— es de al menos 148, según la última actualización del Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

Pero la peor parte se la han llevado los civiles, fallecidos tanto en el fuego cruzado de los combates (ambos bandos han atacado hospitales y otros objetivos civiles) como en masacres y ejecuciones sumarias, algunas de las cuales han sido grabadas por sus propios autores. La Red Siria de Derechos Humanos (RSDH) ha documentado el asesinato de 148 civiles a manos de los insurrectos y de otros 327 “prisioneros desarmados y civiles” —incluidos al menos siete niños y trece mujeres— a manos de las fuerzas leales a Damasco. El OSDH, en cambio, eleva el número de civiles asesinados a 830.

Pese a que el envío de refuerzos desde otras provincias ha logrado que el Gobierno retome el control de los mayores centros urbanos y las principales vías de comunicación de la región costera de Siria, los ataques de células de insurgentes han continuado durante este domingo, por ejemplo, contra la sede de la corporación petrolífera Sadcop en Latakia y contra la planta de gas de Banias. Asimismo, los combates prosiguen en diversas zonas rurales y montañosas, donde los insurgentes —cuyo número se estima en 5.000 efectivos, según publica Reuters— se han guarecido desde la caída del régimen.

”Estamos recibiendo llamadas de socorro desde diferentes áreas de la región costera de Siria, donde los actos de venganza y las ejecuciones sumarias de civiles continúan, así como los bombardeos y combates”, afirmó Rami Abdul Rahman, director del OSDH, en un comunicado publicado en su web.

En declaraciones a EL PAÍS, el director de la RSDH, Fadl Abdul Ghani, atribuyó buena parte de las masacres de civiles y abusos contra los prisioneros a facciones del norte de Siria y a voluntarios civiles que se unieron a las operaciones de las fuerzas gubernamentales. Otras fuentes también han mencionado la presencia de yihadistas extranjeros, a los que el nuevo Gobierno ha permitido quedarse en Siria y las ha integrado en las nuevas fuerzas del Ministerio de Defensa.

Las instituciones de la ONU ha mostrado su preocupación por lo ocurrido. El alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, exigió a las autoridades de Damasco que “tomen acciones decididas para proteger a todos los sirios”, y el enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, se mostró “alarmado” por las matanzas de civiles y pidió a las partes que se abstengan de acciones que pueden “desestabilizar” al país y hacer descarrilar la posibilidad de una “transición política creíble e inclusiva”.

El Ministerio de Exteriores de Francia condenó “las atrocidades cometidas contra los civiles por su religión” y exigió al Gobierno sirio que investigue lo ocurrido. Más duro aún fue el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, que condenó el asesinato de civiles a manos de “terroristas islamistas radicales, incluidos yihadistas extranjeros”.

En un mensaje en vídeo, el presidente sirio ha llamado a la calma a la población, alegando que lo ocurrido en los últimos días “está entre los desafíos esperados”. “Este país sobrevivirá (…). Debemos preservar la unidad nacional y la paz interna, podemos vivir juntos”, afirmó Al Shara.

Lo cierto es que el sábado las fuerzas gubernamentales tuvieron que detener momentáneamente las operaciones contra lo que llaman “remanentes del antiguo régimen” para poner orden entre sus filas y, según publicó la prensa local, retirar a los grupos e individuos “indisciplinados”. En un vídeo, el portavoz del Ministerio de Defensa, Hassan Abdul Ghani, pidió a los voluntarios que se unieron a las fuerzas de seguridad en la represión de la insurrección que regresasen a sus hogares y a las unidades militares que se adhieran a las directivas del presidente Al Shara.

A última hora de la tarde del domingo, el Gobierno sirio anunció la creación de una comisión independiente formada por cinco jueces, un abogado y un general para esclarecer lo ocurrido desde el pasado jueves, incluyendo los “ataques contra civiles y la identificación de los responsables”, a la vez que exige a todas las instituciones que “cooperen” con la investigación.

Venganzas y violencia sectaria

Pero las tintas están cargadas tras 50 años de dictadura y 13 de guerra civil que, en muchos casos, derivó en enfrentamiento sectario. La zona costera de Siria (las provincias de Latakia y Tartus) son un mosaico religioso, donde habitan alauíes, suníes y cristianos. Los alauíes —una variante del islam chií— representan poco más del 10% de la población siria, pero en las regiones costeras suponen entre el 60 y 70% de la población, y habitan sobre todo en los pueblos y zonas montañosas, mientras que las ciudades tienen más población suní. El régimen de los El Asad, cuya familia también era alauí, no invirtió especialmente en la región, pero sí favoreció la incorporación de los alauíes a la Administración, especialmente a la oficialidad de las Fuerzas Armadas y de seguridad y a las agencias de espionaje.

Algunos suníes achacan a los alauíes haberse beneficiado del régimen de los Asad, haber colaborado en las matanzas durante la guerra civil e incluso de proteger o no denunciar a los actuales insurgentes. El caso de Banias, una localidad mixta en la que han sido ejecutados decenas de civiles alauíes en los últimos días, es significativo. Al inicio de la guerra civil se convirtió en el mayor centro de la oposición a El Asad de la zona costera, con la participación activa tanto de suníes como alauíes.

Pero en 2013, tras un ataque rebelde contra fuerzas militares, el régimen decidió aplastar este foco rebelde y envió al Ejército y fuerzas paramilitares (según diversas fuentes, comandadas por Mihraç Ural, un combatiente de origen turco y religión alauí) que penetraron en los barrios suníes de Banias y la vecina Baida y ejecutaron a entre 200 y 450 civiles, incluidas mujeres y niños. Fue un claro ejemplos de la táctica del régimen de El Asad de sectarizar el conflicto para mantener el favor de las minorías frente a la mayoría suní.

Una táctica que ahora regresa como un bumeránante la incapacidad del Gobierno de controlar a sus fuerzas, una coalición de grupos, en su mayoría compuestos por suníes, muchos islamistas, integrados rápidamente en las Fuerzas Armadas tras la disolución del Ejército del depuesto régimen. Parte de ellos son combatientes bregados en las crueles batallas de la guerra civil y parte, jóvenes de las áreas bajo control rebelde hasta el pasado diciembre a los que se ha dado un uniforme y un fusil tras apenas unas semanas de entrenamiento.

Muestra de la tensión sectaria que se respira estos días en Siria es la manifestación silenciosa convocada este domingo por varias organizaciones en la plaza de los Mártires de Damasco para pedir que cesen las masacres de civiles y se investigue lo ocurrido. Los congregados fueron atacados por un grupo que acudió a reventar la manifestación y finalmente la policía los dispersó disparando al aire. “Todos estamos muy tristes, al menos los que nos preocupamos por los otros”, confiesa a este diario un joven desde Alepo. “Tengo la sensación de que estamos perdiendo la libertad, de nuevo”.