Un juez manda retomar el plan que asignaba abogados en las audiencias de deportaciones en EE.UU.

Washington (EFE).- Un juez federal de EE.UU. obligó este lunes al Gobierno de Donald Trump a restaurar el programa que en las audiencias de deportaciones asignaba abogados a gente que considerada mentalmente incompetente para representarse a sí misma.

El magistrado Amir Ali, del Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, ordenó a la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y a los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, entre otros, a que tomen todos los pasos necesarios para aplicar su resolución. 

Según su decisión, los acusados confirman que la eliminación de ese programa se tomó sin que se consideraran las consecuencias para la administración de justicia, la población vulnerable afectada o las representaciones en curso que se verían interrumpidas.

El programa

Los demandados, agregó el juez, deben restablecer la política que autoriza y habilita a los tribunales de inmigración para designar representantes calificados a los detenidos sin representación legal, que se declaren mentalmente incompetentes para representarse a sí mismos en los procedimientos de fianza y deportación.

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Varias personas se reúnen para protestar ante una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York. EFE/EPA/Sarah Yenesel

«Si bien los demandados pueden, a corto o largo plazo, implementar dicha política utilizando mecanismos similares a los que han utilizado en el pasado, también pueden hacerlo de otras maneras», señaló.

El programa en cuestión se creó en abril de 2013, bajo la Administración del demócrata Barack Obama (2009-2017), pero este pasado abril el actual Ejecutivo anunció que dicha política dejaba de estar en vigor. Se alegó que la decisión se tomaba «por conveniencia», pero no se dieron explicaciones al respecto. 

Los demandantes fueron organizaciones sin ánimo de lucro que los tribunales de inmigración designaron para representar a esas personas tachadas de mentalmente incompetentes. En su opinión, la eliminación de ese programa fue «arbitraria, caprichosa y contraria a la ley».